El 2014 fue un año negro para Áncash. El exgobernador regional César Álvarez Aguilar y el ex alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, terminaron presos en el penal de Piedras Gordas por presuntos delitos de corrupción y homicidio, y con ellos una serie de personas.
Sin embargo, cuando se pensaba que con el encarcelamiento de estos personajes se había podido derrocar a la corrupción, en lo que va del 2015 ya se tiene a tres ex alcaldes y a una alcaldesa prófugos de la justicia.
En enero, a pocos días de haber dejado el sillón municipal, el exburgomaestre de Nuevo Chimbote, Juan Francisco Gasco Barreto, pasó a la clandestinidad para evitar ir a la cárcel, luego de que el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Luis Pérez Granados, ordenara 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión.
A Gasco se le acusa de haber solicitado un porcentaje de los cuatro millones de soles que fue presupuestado para la obra de construcción de veredas en el P.J. Villa María, y que se adjudicó el 2011 a su examigo, el empresario Edwin Borja Córdova.
En la provincia de Casma, desde julio dos ex alcaldes también están prófugos de la justicia.
Rommel Meza Cerna, que dejó el cargo en diciembre pasado, tiene una orden de prisión preventiva de 14 meses por el presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por lucro, en agravio de su antecesor José Alejandro Montalván Macedo, victimado el 9 de diciembre de 2012.
Rommel Meza tiene además otro fallo en su contra de 16 meses de prisión preventiva por el homicidio de la abogada casmeña Milagros Aponte Roque.
En tanto, el exalcalde y exconsejero regional de Casma, José Luis Lomparte Monteza, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva, tres años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de una reparación civil solidaria de un millón 912 mil soles, al haber sido hallado culpable del delito de colusión en agravio del Estado.
Hace una semana la alcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, ha pasado también a la clandestinidad tras ser sentenciada a siete años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.
La justicia le ha impuesto también tres años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de una reparación civil de un millón 28 mil soles, que de acuerdo al fallo es el mismo monto obtenido de manera ilícita que habría desviado a las cuentas de sus familiares.
El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Williams Vizcarra Tinedo, respaldó los fallos judiciales y pidió a las ex autoridades y autoridades sentenciadas que respeten las decisiones de los magistrados y se pongan a derecho.
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