El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra Alor, promulgó una ordenanza regional mediante la cual se establece como requisito para el ejercicio profesional en el ámbito de la región Áncash, ya sea en la administración pública o en la actividad privada, la colegiación obligatoria de todo profesional.
La ordenanza regional en cuestión -Nº 012-2016- fue aprobada en noviembre del año pasado por el consejo regional cuando Gamarra era consejero y la gobernación era ejercida por Enrique Vargas Barrenechea. La norma ha sido promulgada y publicada en el Diario Oficial El Peruano un año después, este 14 de noviembre.
Pese a que al parecer no tendría competencia para emitir una norma de esta naturaleza porque cada sector define los requisitos y el perfil de los profesionales que contrata, con mayor razón en el ámbito privado, el Consejo Regional de Áncash decidió por unanimidad –sobre la base de un dictamen de la Comisión de Asuntos Legales del propio consejo– implementar la ordenanza por considerarla como “uno de los principales filtros que garantice que los profesionales actúen correctamente dentro de la sociedad”.
La norma ordena que los titulares de las dependencias públicas contraten en adelante solo a profesionales que cuenten con colegiatura y habilidad, a la vez que “exhorta a las entidades privadas a cumplir esta ordenanza regional “para erradicar el ejercicio ilegal de la profesión”.
No solo eso. También dispone que todas las dependencias públicas del ámbito regional verifiquen la habilidad profesional de los funcionarios de confianza y/o directivos, servidores públicos nombrados o contratados y locadores que ejerzan funciones o realicen servicios, según corresponda, cuyo cargo estructural o prestación contractual implique el ejercicio de su profesión.
Agrega que la disposición se aplicará a todos los regímenes laborales y contractuales, siempre que ello no implique la transgresión con normas de mayor jerarquía y/o derechos laborales adquiridos.
Asimismo, también manda que las dependencias públicas del ámbito regional, bajo responsabilidad, incorporen dentro de los términos de referencia, bases, contratos y toda documentación vinculante relacionada con contrataciones con el Estado, el requisito y exigencia de acreditar la colegiación y habilidad de los profesionales que participen individualmente como persona natural, o a través de persona jurídica, como postor o proveedor en servicios y obras que requieran las entidades públicas del ámbito regional. (RSD).
