El móvil fue político y por lucro. El fiscal, sobre la base de testimonios de dos colaboradores eficaces y otros investigados que se acogieron a la confesión sincera, señaló que el abogado Carlos Bazán Castro había invertido 200 mil soles en la campaña política del entonces candidato a la alcaldía, Jaime Casana Escobedo, quien ganó las elecciones pero no pudo asumir el cargo porque había sido inhabilitado por el Poder Judicial por una sentencia por el delito de colusión.
Bazán Castro debía recuperar su “inversión”, pero la alcaldía fue asumida por el primer regidor Francisco Ariza Espinoza, quien no se sometió a los dictados de Casana, razón por la cual decidieron matarlo para tomar el control del municipio.
Para argumentar la participación de Fanny Malqui y los demás regidores, el fiscal señaló que un colaborador eficaz dijo que ellos, junto con Jaime Casana y Carlos Bazán, juntaron el dinero para pagar a los ejecutores del crimen.
Señaló también que, a convocatoria de Fanny Malqui y el abogado Carlos Bazán, los regidores se reunían con Jaime Casana en su casa.
Además, en la casa de Casana fueron hallados documentos vigentes del municipio: expedientes de obras públicas, proyectos de ordenanzas, entre otros.
La tarde del 20 de octubre último el alcalde Ariza y su asesor legal Henry Aldea habían acudido a una diligencia en la Fiscalía de Nepeña. Allí también estuvieron los regidores.
Poco después Ariza y Aldea abandonaron las instalaciones de la fiscalía a bordo de un auto. En ese momento el abogado Carlos Bazán se puso en contacto con Wilmer Oroya Margarito: “El objetivo ya salió», le dijo. El “objetivo” era el alcalde de Samanco.
Luego de ello, a la altura de un rompemuelle, dos sicarios, uno de ellos «Cumpita» y otro en proceso de identificación, interceptaron el auto en el que viajaban el alcalde y el abogado Aldea. Allí los mataron a balazos y luego prendieron el vehículo con gasolina.
“Cumpita” y su compinche enrumbaron en un auto hacia la Panamericana con dirección a Chimbote.
Más tarde hubo una reunión en la urbanización Laderas del Norte: Ayrton Casahuamán Castañeda (21), Wilmer Weslin Oroya Margarito (19); Renzo Alfredo Pérez Ángeles (23) y Luis Enrique Matienzo Fernández (22) se encontraron con el “intermediario” Marcos Andrés Vásquez Julca, quien les pagó diferentes montos de dinero en efectivo.
Por la gravedad del delito cometido, la pena a imponérseles sería cadena perpetua.
El fiscal ha pedido prisión preventiva de 18 meses para concluir su investigación. Cabe anotar, sin embargo, que durante la audiencia que continúa hasta el momento el juez Roma Cruz Avilés le pidió hasta en tres ocasiones al fiscal que sea claro y preciso sobre la participación de los regidores. (RSD).
