El Gobierno otorgará un apoyo económico a los deudos de las personas fallecidas a consecuencia de las movilizaciones realizadas entre el 8 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023 para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Asimismo, el beneficio económico alcanzará a los civiles y policías que sufrieron lesiones de gravedad con secuelas.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, las protestas en el país dejaron 60 personas fallecidas, entre ellos un policía, y más de 1200 heridos civiles y 580 policías.

El Decreto de Urgencia N° 006-2023, publicado ayer en boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, autorizó de manera excepcional y por única vez el otorgamiento de un apoyo económico de 50 mil soles por cada persona fallecida y de 25 mil soles por cada herido de gravedad. La entrega se realizará a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los beneficiarios serán identificados por la comisión multisectorial creada para atender a las personas afectadas en las movilizaciones, la cual propuso la entrega de este apoyo económico. En los próximos días, mediante resolución ministerial, se publicará el primer listado de beneficiarios.

La norma señala en sus considerandos que, a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el contexto de las recientes movilizaciones, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de atender a las personas afectadas y coordinar la adopción de medidas a su favor, comprendiendo dentro de ellas tanto a civiles como a efectivos policiales, en la perspectiva de promover la reconciliación nacional.

El Ejecutivo precisó que el apoyo económico se financiará con cargo al presupuesto institucional del año fiscal 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y no tiene naturaleza resarcitoria ni indemnizatoria.