El distrito de Chingalpo experimentó una jornada de protestas masivas lideradas por escolares y pobladores, quienes manifestaron su descontento con la gestión del alcalde Pablo Murillo. Las marchas comenzaron con exigencias de renuncia del burgomaestre, acusado de irregularidades en su administración, y se extendieron a críticas hacia el sistema judicial, al que los manifestantes acusan de proteger al alcalde.

La llegada del fiscal Juan Javier Palma Pereda no logró calmar la situación; por el contrario, fue confrontado y expulsado por los manifestantes, quienes lo acusaron de complicidad con Murillo y de no atender las denuncias ciudadanas. La tensión aumentó cuando, un día antes, el alcalde fue sometido a actos simbólicos de humillación, siendo obligado a vestir prendas tradicionales femeninas andinas y paseado por las calles como forma de repudio.

Estos eventos han puesto de manifiesto el creciente malestar social en Chingalpo y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades, lo que sugiere una crisis de confianza en la gestión pública y el sistema judicial en la región.