La inseguridad ciudadana atraviesa una de sus mayores crisis. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión a nivel nacional, pero apenas 11 sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto significa que menos del 0,05% de los casos denunciados llegaron a una resolución judicial firme, mientras que 284 personas permanecen en prisión preventiva por este delito, sin condena. Todo ello a pesar de que, de acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre de este año, hubo 23.213 denuncias por extorsión.
Además, los datos del INPE (difundidos mediante su portal estadístico) evidencian la magnitud del problema: solo 295 internos ingresaron por extorsión, de los cuales el 96% no tiene sentencia firme. En paralelo, las cifras del SINADEF muestran que, hasta el 4 de noviembre, se han contabilizado 1.895 homicidios en todo el país, 129 de ellos ocurridos durante el actual gobierno de José Jerí, con Lima (39) y Huaura (10) como las provincias más violentas. Ningún día ha registrado “cero homicidios”. El panorama, advierten especialistas y exautoridades del sector, confirma un colapso institucional que impacta en la seguridad ciudadana y en la capacidad del Estado para sancionar la criminalidad organizada.
Respuesta ineficiente de las autoridades
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza considera que el país enfrenta un fenómeno de extorsión “que crece de manera sostenida” y frente al cual el sistema de justicia “responde de modo pasivo”. “Me parece que el sistema penal (fiscalía, poder judicial y policía) está reaccionando de modo ordinario a un fenómeno que debería tener respuestas mucho más eficaces”, advirtió.
Según Pedraza, la falta de condenas no solo refleja la ineficiencia procesal, sino también el temor ciudadano a hablar con las autoridades. “Los casos de no denuncia de extorsión son estrictamente por miedo a represalias”, explicó. Pese a ello, el incremento de denuncias muestra que la amenaza es aún mayor de lo que reflejan las cifras oficiales.
El exministro añadió que las medidas han sido de “carácter político”, lo cual no desaprueba, pero menciona que tampoco ha percibido medidas eficaces para combatir el crimen. Además, señaló que la reciente creación de la Dirección contra las Extorsiones en la Policía Nacional es un avance, pero aún carece de recursos, personal y tecnología para operar de forma efectiva. “Si no se implementan mecanismos especiales en la fiscalía y el poder judicial, las tasas de condena seguirán siendo muy bajas”, sostuvo.
