Un hecho que ha sacudido las estructuras de la Iglesia Católica en el Perú, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) anunció este 9 de abril que Monseñor Antonio Santarsiero Rosa, Obispo de Huacho, deja su cargo como Secretario General de la institución. El alejamiento se produce en medio de un clima de alta tensión tras la difusión de testimonios que lo señalan por presuntos abusos físicos, psicológicos y tocamientos indebidos.
A través de un comunicado firmado por el presidente de la CEP, Monseñor Carlos Enrique García Camader, se informó que fue el propio Santarsiero quien solicitó apartarse de sus funciones administrativas de alto rango. Según el documento, esta decisión responde a un «acto de responsabilidad con la misión institucional», buscando que las investigaciones en curso no empañen la labor de la Conferencia y permitiéndole al obispo centrarse exclusivamente en su defensa legal.
La CEP ha sido enfática en señalar que se están realizando todos los esfuerzos para esclarecer los hechos, prometiendo actuar bajo el rigor de la legislación canónica (eclesiástica) y civil (ordinaria).
El caso tomó relevancia pública luego de que el portal especializado Infovaticana difundiera testimonios de un joven laico y un sacerdote. Las acusaciones no son menores: se detallan episodios de violencia psicológica, manipulación y tocamientos indebidos.
Ante estas imputaciones, la Iglesia ha invocado el Motu proprio «Vos estis lux mundi», una normativa estricta impulsada por el Vaticano para atender denuncias de abuso de poder y de conciencia dentro del clero, instando a las posibles víctimas a utilizar los canales de escucha oficiales.
Por su parte, el Obispo de Huacho ha rechazado categóricamente cada una de las acusaciones. En un descargo formal, Santarsiero calificó los testimonios como «acusaciones sin sustento» y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido la documentación legal (carta notarial) que fundamente las imputaciones referidas por los medios.
«Niego rotundamente las conductas que se me atribuyen… Me veo imposibilitado de ofrecer una respuesta precisa sin información concreta», manifestó el prelado, reiterando su disposición para colaborar con las autoridades para limpiar su nombre.
Este movimiento marca un hito en la gestión de crisis de la Iglesia peruana. Al apartar a una de sus figuras más visibles, la CEP intenta proyectar un mensaje de transparencia y «tolerancia cero», en un intento por no perder la confianza de los fieles. Sin embargo, el impacto mediático ya es considerable y el desenlace de las investigaciones determinará si los protocolos internos son suficientes para garantizar justicia.
