La Sala Vacacional de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Áncash ha rechazado la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por Max Brayan Valdiviezo Gayoso, un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en condición de prófugo, acusado de tortura a una interna del penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz. La defensa del agente buscaba sustituir la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones, pero la apelación fue declarada infundada, manteniendo la orden de captura vigente.

Durante la audiencia, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo argumentó que no había nuevos elementos que justificaran un cambio en la medida coercitiva. La Sala coincidió en que no se había producido una variación sustancial en las condiciones que motivaron la prisión preventiva, confirmando así la decisión inicial.

Este caso se origina en mayo de 2024, cuando una interna, identificada como A. Y. N. C., denunció haber sido víctima de tortura, incluyendo ahogamientos, desnudo forzoso y agresiones físicas, que resultaron en lesiones graves.

En agosto de 2025, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Valdiviezo y otros cuatro agentes del INPE, estableciendo un precedente en Áncash por tratarse de un presunto delito contra la humanidad cometido por personal penitenciario. La resolución reafirma la vigencia del mandato dictado el 12 de agosto de 2025 y su confirmación en segunda instancia el 5 de septiembre del mismo año.