La Contraloría General de la República (CGR) ha publicado un informe que señala la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo a su exjefe, por irregularidades que afectaron el derecho al sufragio de 55,261 electores en Lima Metropolitana durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El informe detalla que funcionarios de la ONPE incurrieron en irregularidades al contratar servicios de transporte para el despliegue de material electoral, utilizando términos de referencia que no especificaban la cantidad real de vehículos necesarios. Esto permitió que se adjudicara un contrato por un monto superior a la oferta más baja, favoreciendo indebidamente al postor ganador. Además, se constató que la evaluación de las ofertas fue manipulada al aplicar criterios no establecidos, lo que resultó en la asignación de puntajes incorrectos.

Asimismo, se identificó que la distribución de equipos informáticos electorales fue inadecuada, afectando el cronograma del Plan Operativo Electoral. A pesar de conocer la insuficiencia de tiempo para la entrega de materiales, se reprogramaron rutas de manera imprudente, lo que llevó a que 187 mesas de sufragio no fueran instaladas el día de la votación, perjudicando a miles de electores.

El informe también menciona que se tramitaron prestaciones adicionales sin el sustento técnico y legal necesario, lo que resultó en un incremento desproporcionado de costos en el servicio de transporte.

La CGR recomienda que se tomen acciones para deslindar responsabilidades entre los funcionarios implicados y sugiere a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales. Además, se aconseja comunicar los hallazgos al titular de la Junta Nacional de Justicia para que se inicien las acciones correspondientes.

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