La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash ejecutó un operativo de allanamiento e incautación en busca de evidencias que permitan esclarecer la desaparición de 23 tablets destinadas a estudiantes de una institución educativa ubicada en el centro poblado Llacshu, en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, en la región Áncash.
La investigación gira en torno a la presunta desaparición de las tablets pertenecientes a la Institución Educativa N° 86523 San Miguel Arcángel de Llacshu. Los dispositivos formaban parte del aula de innovación educativa y estaban destinados a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
Las diligencias fueron dirigidas por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, bajo la conducción del fiscal provincial Wilber Flores Lima, con el apoyo de efectivos del Departamento de Lucha Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR).
Como parte del operativo, las autoridades allanaron las viviendas de Omar Palacios Albornos, director del colegio, y de Marlene Huamán Milla, tesorera de la institución. Asimismo, realizaron una exhaustiva inspección de las instalaciones del centro educativo.
Durante las intervenciones se incautaron teléfonos celulares, documentación, vouchers de operaciones económicas, agendas y otros elementos que podrían resultar clave para determinar qué ocurrió con los equipos desaparecidos.
El caso es investigado por el presunto delito de peculado doloso, una figura penal que sanciona la apropiación o utilización indebida de bienes públicos por parte de funcionarios o personas encargadas de su administración.
El Ministerio Público informó que todo el material recopilado será sometido a análisis especializados para establecer posibles responsabilidades y determinar si existió una presunta sustracción o apropiación irregular de bienes destinados a la educación de decenas de estudiantes de la zona.
La desaparición de equipos tecnológicos adquiridos para mejorar el acceso a la educación ha generado preocupación e indignación entre la población, que espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en caso se confirmen irregularidades.
