Hace exactamente una semana en Huarmey se produjo el accidente de carreteras, más trágico de lo que va del año: 37 muertos y 85 heridos. Las escenas de dolor por parte de los familiares fueron consecuencia de la falta de profesionalismo por empresas que solo les importa el dinero más que la seguridad y calidad del del servicio. Ante esto, Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, opinó sobre lo ocurrido y qué es lo que existe detrás del lamentable hecho.
En conversación para La República.pe el especialista indicó que hasta que no haya un orden en la legislación y en la existencia de una sola autoridad para el control del transporte, pues seguiremos viendo informalidad, tanto en las ciudades como en las carreteras, y su consecuencia: muerte en las pistas.
En el Perú existen siete entidades encargadas de la administración del transporte: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Instituto Nacional de la Defensa de la Compañía y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y, desde hace poco tiempo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran).
Todas ellas, para Quispe Candia, en lugar de mejorar el servicio, la seguridad y la fiscalización del transporte en nuestro territorio lo único que ocasionan es confusión y descoordinación entre ellas y al final el perjudicado son los usuarios del transporte.
“No hay coordinación entre ellas. Creen que cada jurisdicción es un terreno aislado, desacatan la ley y emiten ordenanzas sin criterio”, dijo el especialista.
Cada una de las entidades mencionadas no comparten pareceres y aplican medidas que no sintonizan con la población.
ASPECTO POLÍTICO
“Lamentablemente, el transporte en nuestro país está politizado. Los políticos no dan puntada sin hilo y ello no puede ser así”, continuó.
Cada medida que se establece en el transporte tiene un alto contenido político, es por ello que los aspectos técnicos quedan de lado. Los estudios de impacto en el desarrollo de vías quedan de lado ante la voluntad de una autoridad.
“Los que están a cargo del poder deben tener un gesto de desprendimiento, sino el afectado siempre será el pasajero”, agregó.
ACCIONES EN CARRETERAS
Para Quispe Candia se deben establecer protocolos de acción en todos los ámbitos del transporte. Desde el otorgamiento de licencias de funcionamiento de las empresas, pasando por la fiscalización a las mismas y respuestas rápidas ante accidentes como los ocurridos el lunes en Huarmey.
“Los GPS ya no son seguros en el país. Tenemos información, y denuncias, de muchos choferes -a nivel nacional- que han denunciado que los dueños retiran el chip GPS, desactivan el GPS. La multa por la no instalación de este dispositivo, por parte de las autoridades, solo disuasivo”, aseveró.
Es necesaria la conformación y acción real de un Consejo de Seguridad Vial para evitar este tipo de irregularidades y reaccionar rápidamente en tragedias como las ocurridas en la Panamericana Norte.
“No es posible que el accidente haya ocurrido a una determinada hora y el Estado haya reaccionado 3 ó 4 horas después. Debe existir una alarma que comunique rápidamente lo ocurrido. No es posible que cuatro personas hayan fallecido por la falta de atención médica”, comentó.
Entre las facultades de este órgano, estaría la de retirar de circulación a las entidades que no cumplan con estándares de calidad y que no cumplan con la ley.
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