las juntas de fiscales superiores y provinciales, así cómo sus respectivos adjuntos del Distrito Fiscal de Áncash emitieron un pronunciamiento conjunto a través del cual exigen al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, «apartarse» del cargo y que la Junta de Fiscales Supremos designe en su reemplazo a quien «no tenga cuestionamiento alguno».
El comunicado fue hecho público ante la seria crisis que atraviesa la institución a raíz de los audios que destapan presuntos hechos de corrupción y el informe fiscal que implica al máximo representante de la institución como presunto integrante de la organización delictiva «Los Cuellos Blancos del Puerto».
En el documento, los fiscales de Áncash afirman que están preocupados por la situación de representación de su institución que ostenta Chávarry Vallejos, quien viene siendo cuestionado por la sociedad civil al haber sido comprendido en los audios que se vienen propalando a raíz de la investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao y en el informe elaborado por la fiscal provincial del Primer Despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, lo cual, consideran, tiene repercusiones negativas en la institución y afecta a todos sus integrantes.
Precisan que si bien es cierto Pedro Chávarry fue elegido legalmente, también es verdad que el haber sido implicado en los hechos cuestionados «le ha restado legitimidad en su representación de la institución ante la sociedad civil».
«Estando a la naturaleza del cargo, la máxima autoridad del Ministerio Público debe tener una imagen intachable y, sobre todo, de aceptación de la sociedad civil en su conjunto; ello, en aras de mantener la institución como pilar del funcionamiento del sistema democrático», indica textualmente el pronunciamiento.
La parte más frontal del documento llega luego cuando, frente a esta situación, le piden al fiscal de la Nación «apartarse» de la representación de la institución hasta que las instancias correspondientes esclarezcan los hechos materia de cuestionamientos «demostrando que ante tales situaciones debe primar los intereses institucionales frente a cualquer otro; ello con el objeto de recobrar la legitimidad y buena imagen frente a la sociedad civil».
Asimismo, piden a la Junta de Fiscales Supremos que adopte las medidas urgentes para superar esta crisis institucional, designando en el cargo de fiscal de la Nación a quien no tenga cuestionamientos que afecten la imagen del Ministerio Público.
Finalmente, rechazan cualquier acto de corrupción dentro y fuera de la institución y precisan que el Ministerio Público cuenta con profesionales dignos y si alguno de sus miembros es cuestionado debe responder personalmente sin afectar la imagen de la Fiscalía.
El documento está firmado por la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Silvia Paredes Goicochea y su par de la Junta de Fiscales Provinciales, José Luis Checa Matos.
