El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios declaró infundado el requerimiento de variación de prisión preventiva por arresto domiciliario que solicitara el exapoderado de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador sindicado de ser uno de los presuntos integrantes de la organización criminal «Los Traficantes de Cuello y Corbata’ o ‘Los Orellanitas de Chimbote’, investigado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Jesús Antonio Saavedra Devoggero requirió al órgano jurisdiccional se varié mandato de prisión preventiva en su contra por un arresto domiciliario, por problemas de salud y requiere ser atendido en el Hospital Hipólito Unánue.

Saavedra Devoggero,es sindicado como una de las personas quien desde el año 2011 habría pertenecido a la organización criminal a fin de apoderarse de medio centenar de inmuebles ubicados en el Sector IV de la Urb. Bellamar en el distrito de Nuevo Chimbote de propiedad de la Caja del Pescador, además de una embarcación pesquera.

Para lograr su ilícito, junto a otro grupo de investigados se habrían valido de sendos procesos arbitrales fraudulentos, al falsificarse firmas y hasta sellos en los cargos de notificación dirigidos a los demandados, además de falsificar minutas de compraventa donde se insertaba una clausula legal, por los abogados investigados, a través de la cual expedían los laudos y se hacían propietarios de los predios usando para ello testaferros y hasta notarias de Chimbote y Huaraz. Una vez logrado el primer paso, trasferían los inmuebles con la finalidad de obtener ganancias y despojar completamente a sus verdaderos propietarios, bajo incautaciones o decomisos.

Tras advertir que no variaron los presupuestos con los que en marzo del presente año se dispuso ampliar su prisión preventiva, el juez Jorge Chávez Tamariz, capacitado en el Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial, declaró infundado su requerimiento, ordenando se garantice su traslado a un establecimiento penal de la ciudad de Lima, a fin de que pueda recibir la atención médica necesaria que determine el mal que padece y las atenciones correspondientes.