El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo que el Gobierno tendrá, en un plazo de siete días, las medidas para el deshacinamiento de penales –establecimientos penitenciarios y centros juveniles– por los riesgos de contagio de coronavirus (COVID-19).

“Entiendo que fue aprobado en primera y segunda votación, no he tenido oportunidad de leer el texto final. Sin embargo, en el pedido de facultades pedimos un plazo de siete días. Es decir, en siete días tenemos que dar este marco regulatorio para atender una situación de excepcionalidad”, dijo Zeballos este sábado en entrevista con la Red de Comunicación Regional – RCR.

Explicó que el objetivo es regular situación jurídica tanto de los sentenciados como de los procesados en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La noche del viernes, el primer ministros y el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, presentaron ante el Congreso la solicitud de pedido de facultades en materia penitenciaria. Esta fue aprobada y exonerada en segunda votación. La iniciativa planteaba que el Gobierno legislará por el término de 7 días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma.

El Ministerio de Justicia informó que elevará al Consejo de Ministros las medidas para reducir el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios poniendo énfasis en los internos en condición de procesados por delitos menos lesivos, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Estas propuestas se debatirán y aprobarán en el marco de la delegación de facultades que el pleno del Congreso aprobó entre el viernes y sábado.

El ministro Castañeda saludó la decisión del Parlamento y adelantó que las medidas tendrán como base el proyecto de ley que presentaron la semana pasada. Además, dijo que se evaluarán los principales aportes de los dos proyectos presentados por el Poder Judicial para su incorporación en las propuestas, así como las sugerencias formuladas por los congresistas en la Comisión de Justicia y durante el debate.

El ministro Castañeda indicó que el objetivo es legislar para establecer un marco normativo que les permita a los jueces y juezas poder incidir de oficio sobre el hacinamiento de los penales y así continuar impactando en las labores que desde el Ejecutivo se vienen implementando para descongestionar las cárceles.

Remarcó que se solicita la delegación para que se establezca de una manera precisa y clara, a través de una norma imperativa, que el Poder Judicial revise de oficio las prisiones preventivas.

El ministro aclaró que, en este caso, no será el Ejecutivo el que vaya a excarcelar a los internos, sino los jueces, quienes a través del marco jurídico evaluarán caso por caso con técnicas aceleradas.