El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, de 2020 a marzo de 2022, se han impuesto multas por más de 20 millones de soles a las empresas operadoras que incurrieron en la venta de chips de telefonía móvil en la vía pública.
De los S/ 20 565 000 con los que se sancionó a las empresas por incurrir en esta práctica, pese a estar prohibida, el mayor monto corresponde a Telefónica con S/ 6.26 millones (30 %); seguido de Bitel, S/ 5.40 millones (26 %); Entel, S/ 4.48 millones (22 %) y Claro con S/ 4.42 millones (22 %).
Para reforzar la normativa vigente, el Osiptel propuso un proyecto de ley que especifique la prohibición de la venta ambulatoria o en la vía pública de chips de telefonía móvil, así como en lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al regulador.
Ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República, se expuso esta problemática que genera el mal uso de datos personales y representa un peligro para la seguridad de los usuarios.
En representación de Osiptel participaron el gerente general, Sergio Cifuentes; el director de Fiscalización e Instrucción, Luis Pacheco; y la directora de Atención y Protección del Usuario, Tatiana Piccini, quienes además informaron que, para reforzar la seguridad de la información de los usuarios en los procesos de contratación y reposición de chips móviles, recientemente se dispuso una serie de medidas que deberán ser implementadas por las empresas operadoras.
Así, para la reposición de chips, además de la verificación biométrica y de la contraseña única, las empresas deberán exigir la presentación del documento de identidad del abonado. El chip se activará recién cuatro horas después de presentada la solicitud. Durante ese tiempo la empresa debe enviar dos alertas obligatorias (mensaje de texto y correo electrónico) al cliente informándole del hecho.
Además, se señala que el trámite se hará en los centros de atención de la empresa y los puntos habilitados para atención en provincias, previamente reportados al Osiptel, y se obliga a mantener la trazabilidad del proceso de venta exigiendo a su vez la identificación del asesor que la realiza.
Las empresas también estarán obligadas a brindar al abonado la información y documentación sobre los trámites que cuestione o desconozca para que pueda usarlas en eventuales procesos contra estafa o apropiación ilícita de fondos mediante fraudes.
