El congresista de la República y vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, más conocido como uno de los investigados por el caso ‘Los Niños’, solicitó en enero pasado 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo, con el fin de imprimir fichas de afiliación y así cumplir su sueño: inscribir su partido propio Movimiento Regional Adelante Áncash. Ahora tendrá que responder por el presunto uso indebido de recursos del Estado para formar su propia organización política en la región a la que representa.
El dominical “Punto Final” reveló que Espinoza Vargas, de Acción Popular, ha empleado recursos públicos y trabajadores del Congreso de la República para impulsar la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. Según la investigación, Espinoza utilizó una impresora instalada en su despacho parlamentario, papel bond proveído por el Congreso y envió a su personal a Áncash para recolectar firmas en días laborables.
Además, aprovechó el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar los datos de los afiliados a su partido. El reporte oficial indicó que desde la cuenta de Espinoza se realizaron más de 1800 consultas en marzo, lo que levantó sospechas de un posible uso indebido de información confidencial para fines políticos personales.
Se detectó que empleados del despacho de Espinoza fueron enviados a recolectar firmas a diversas localidades de Áncash, costeando de su propio bolsillo los gastos asociados y adquiriendo obsequios como incentivo para obtener las rúbricas. Incluso, durante una semana de representación en Caraz, se trasladaba una caja con las fichas de afiliación en la camioneta del congresista.
La Procuraduría del Estado está investigando el caso para determinar los delitos cometidos, mientras que la Comisión de Ética del Parlamento propondrá iniciar un procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria. A pesar de las evidencias presentadas, Espinoza negó ser el líder del movimiento político en formación e insistió en que la recolección de firmas fue parte de tareas específicas para activar los centros de coordinación parlamentaria.
A pesar de las declaraciones del congresista, el uso de recursos estatales para fines políticos personales genera controversia y cuestionamientos sobre la ética y transparencia en el ejercicio de la función pública. (Latina Noticias)
