El Ministerio Público solicitó la detención preliminar por siete días en contra del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y otras nueve personas acusadas del delito de colusión agravada en el marco de una investigación que se les sigue por la contratación realizada para la construcción e implementación de ambientes covid-19 para el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote, proyecto valorizado en más de 10 millones de soles.
El pedido que recayó en Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Huaraz fue planteado hoy por el fiscal Alexander Rojas Ascón, integrante de recientemente conformado equipo especial de fiscales de Áncash encargados de investigar presuntos actos de corrupción en las contrataciones de bienes y servicios del gobierno regional en el marco de la pandemia.
Junto a Morillo, el magistrado también ha pedido la detención de Johnny Muñante Quispe, exgerente regional; Juan Mendo Sánchez, gerente de Administración; Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; Renzo Alva Pinedo, elaborador de expediente técnico; Antonio Cerna Shuan, evaluador del expediente; Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento; William Rojas Vereau, subgerente de Estudios, y la empresaria Ninel Romero Bartusiak.
Todos ellos son acusados de haberse coludido para favorecer a las empresas que ganaron la buena pro para la construcción de los ambientes y adquisión de equipos antes mencionados.
Para el magistrado Morillo Ulloa cumple los requisitos para fugarse debido a que desde agosto no está acudiendo a laborar en el gobierno regional y tampoco se encuentra viviendo en su domicilio oficial de Chimbote.
Asimismo, el fiscal también solicitó el allanamiento de las viviendas del gobernador regional y de su hermana Etelvina Morillo Ulloa, así como de los demás implicados en este caso.
