La mañana de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, a cargo del fiscal adjunto Roy Chinchay Maza, intervino las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en Huaraz.
Según informó el Ministerio Público, la acción forma parte de “actos urgentes e inaplazables” para la recolección de información y documentación vinculada a los presuntos otorgamientos indebidos de obras.
La diligencia se realizó tras denuncias internas que alertaron sobre irregularidades en los procesos de contratación y posibles direccionamientos desde la alta dirección del sector.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la obra será licitada nuevamente y que el director de Caminos, Rosemiro de la Cruz Alonso, sería removido del cargo, al igual que Freddy Álvaro Tarazona, director regional de Transportes, ambos cercanos al gobernador Koki Noriega.
Cobros y presiones políticas
A este escándalo se suma un nuevo ingrediente: la consejera regional por Corongo, Rocío Cochachín, habría solicitado presuntamente pagos o “aportes” a empresas contratistas que ganaron licitaciones dentro del sector Transportes, a cambio de no interponer denuncias o fiscalizaciones ante el Consejo Regional. Ya que sería mano derecha del gobernador.
Varias de las empresas afectadas habrían declarado haber sido presionadas bajo amenazas de denuncias mediáticas y campañas de desprestigio si no accedían a los cobros solicitados.
Estos hechos estarían siendo documentados por la Fiscalía Anticorrupción, que no descarta ampliar la investigación para incluir a autoridades políticas y funcionarios del entorno regional.
Comunicado de la empresaria involucrada
En respuesta a las denuncias, la empresaria Melysa Ascencio Riquelme emitió un comunicado a la opinión pública, rechazando las acusaciones y asegurando que no existe vínculo legal alguno que la inhabilite para contratar con el Estado, señalando que se trata de una “campaña de difamación y violencia simbólica” promovida —según ella— por intereses políticos y personales.
Asimismo, anunció acciones legales por difamación contra quienes han difundido información que considera falsa o tendenciosa.
Crisis en el gobierno regional
La intervención fiscal marca un nuevo capítulo en la crisis institucional del Gobierno Regional de Áncash, que en menos de dos años de gestión acumula denuncias por nepotismo, colusión, cobros ilícitos, tráfico de influencias y direccionamiento de obras.
Mientras tanto, el gobernador Koki Noriega evita pronunciarse, pese a los reclamos ciudadanos que exigen una limpieza inmediata en el sector Transportes y Caminos.
Áncash, una vez más, se ve envuelta en un episodio donde la gestión pública parece haberse convertido en un negocio familiar y político, donde las obras se reparten entre parientes y operadores, y la fiscalización se utiliza como arma de chantaje económico.
