El pedido formulado por la Procuraduría Anticorrupción del Santa para levantar el secreto bancario al gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, en el marco de la investigación por el delito de colusión por el canal Santa – San Bartolo; ha encontrado eco en el despacho del fiscal anticorrupción Wilder Delgado Flores.
El representante del Ministerio Público ha considerado que las diligencias propuestas por el abogado del Estado, Richard Asmat Urcia, resultan “útiles, pertinentes y conducentes para el desarrollo de la investigación y para el esclarecimiento de los hechos”.
El pasado 25 de julio de 2019, el fiscal Wilder Delgado ha emitido la disposición fiscal número 18 de esta carpeta que tiene a su cargo. En el documento, anuncia que dará trámite al pedido de diversas diligencias de la Procuraduría, entre ellas, el pedir al Poder Judicial que levante el secreto bancario de Morillo, en su calidad de representante de una de las empresas que integró el consorcio San Bartolo, empresa a cargo de los trabajos que hoy son materia de investigación fiscal.
Fuentes en la Fiscalía Anticorrupción de Correo informaron que también en su disposición, el fiscal Delgado también se ha mostrado a favor de levantar los secretos bancarios de Janeth Morillo Ulloa (hermano del gobernador), Francisco Argumedo Estay y Yuri Valery Enrique Rivera; todos ellos también como representantes de las constructoras que se consorciaron.
La misma medida se aplicará para las personas jurídicas: A&R SAC, Project Construcción SAC, JJM Minería y Construcción SAC y JJM Contratistas Generales SRL.
Como se recuerda, el pedido del procurador Asmat, buscaba, primero, establecer cómo fueron distribuidos los ingresos para cada una de las empresas que participó en la ejecución de la obra, que en un principio estuvo valorizada en 17 millones del soles, pero por la cual la Región terminó pagando 36 millones de soles.
Asimismo, toda vez que el delito que se investiga es el de colusión, la Procuraduría busca establecer un “ruta del dinero”, que resulta útil no solo para la tesis fiscal, sino también para la defensa del Estado, en su labor de buscar una reparación civil, en caso se llegue a condena en esta pesquisa.
Ahora que el fiscal de la investigación también opina en el mismo sentido que el procurador, deberá solicitar al Poder Judicial, la medida de levantamiento del secreto bancario de las personas naturales y jurídicas antes mencionadas. En este caso, este requerimiento debe ser evaluado y declarado fundado por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, despacho judicial que conoce la pesquisa.
La sugerencia de la Procuraduría es que se develen los movimientos bancarios de los empresarios durante el proceso de ejecución de la obra (2010 y 2011) y también posterior al mismo, ya que, se habla de que habrían continuado pagándose valorizaciones aún hasta el 2012, sin embargo, será el fiscal el encargado de evaluar el período. Sobre este punto, la disposición fiscal no señala nada.
Además el fiscal Delgado también anuncia que una de las próximas diligencias que impulsará será una pericia grafotécnica a los documentos obrantes en el apéndice 26 del informe de control 725-2015 de La Contraloría General de la República, en el que se revelan presuntas irregularidades en la ejecución de esta obra.
Dentro de los documentos que serán objeto de la pericia, se encuentra el comprobante de pago de la recepción de un cheque por 3 millones y medio de soles de adelanto que se hizo al Consorcio San Bartolo y que lleva la firma de Juan Carlos Morillo Ulloa. Según las bases de la obra ejecutada, los adelantos no estaban contemplados.
Para poder concretar esta pericia, el fiscal indica en su disposición que, primero, el Proyecto Especial Chinecas, debe remitir el original del documento en mención.
Este documento fue puesto en evidencia por Correo, días antes de que Morillo sea incluido en la investigación. El pedido de esta pericia también fue formulado por la Procuraduría Anticorrupción del Santa.
El Ministerio Público también ha coincidido con la Procuraduría en recabar información respecto a las cartas fianzas que presentó el consorcio San Bartolo a la Región.
Es así que en la parte final de su disposición, el fiscal Delgado anuncia que elevará el requerimiento a la entidad crediticia HSBC- Bank Perú SA – ahora Banco Perú GNB SA – a fin de que le haga llegar un “informe documentado” específicamente sobre dos documentos: primero, la carta fianza 4569 por la suma de 3’557, 223. 74 soles y la carta fianza 5208 por un valor de 3’840,000.00 soles; ambas emitidas al consorcio San Bartolo.
El fiscal pide que “se informe qué garantía preferida se dejó para garantizar las referidas cartas fianzas a favor del consorcio San Bartolo y quién fue la persona o empresa” que las tramitó. También solicita que la entidad bancaria precise si fueron las dos únicas cartas fianzas emitidas a este consorcio.
Morillo ya ha acudido a la Fiscalía para rendir su manifestación por este caso. En sus declaraciones, el gobernador ha señalado que la única participación que tuvo su empresa fue el alquiler de maquinarias y si bien reconoce que recepcionó el comprobante de un pago, afirma que este dinero fue depositado directamente a la cuenta del consorcio. (DC)
