La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash declaró infundada la demanda de apelación planteada por el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ocho funcionarios del Gobierno Regional de Áncash y la empresaria constructora Ninel Romero Bartusiak contra la resolución judicial que dispuso su detención preliminar por siete días.
Este quiere decir que el mandato de detención preliminar expedido por el juez Derby Quezada Blanco, a pedido del fiscal Robert Rojas Ascón, sigue vigente. Dicho mandato vence el lunes próximo, aunque a la fecha solo ocho de los investigados cumplen la medida restrictiva de libertad personal, entre ellos Morillo Ulloa.
El Octavo Despacho Transitorio de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz los investiga por una presunta colusión agravada en la construcción y equipamiento de un ambiente covid-19 en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote con un presupuesto de 10 millones de soles.
La decisión de los magistrados de la Sala fue tomada tras una audiencia de más de seis horas. Los argumentos con los cuales la Sala rebatió la apelación planteada por los investigados fueron expuestos por el juez superior José Luis La Rosa Sánchez Paredes.
