La Compañía Minera Antamina se encuentra en el ojo de la tormenta luego del trágico accidente ocurrido en su campamento Yanacancha, donde un volquete Komatsu de 428 TN aplastó una camioneta oficial, causando la muerte del Gerente Senior de Operaciones, Edwin Colque Calisaya, y dejando gravemente herido al Superintendente de Perforación y Voladura, Yorinhio León Robles.
Una investigación preliminar ha revelado un hecho alarmante: ninguno de los dos ingenieros estaba habilitado para ejercer su profesión. Así lo confirmó la consulta realizada al sistema virtual del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), donde no se encontraron registros vigentes para Colque ni León, lo que constituye una infracción directa al Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Colegio de Ingenieros, que exige colegiación y habilitación obligatoria para ejercer actividades técnicas en el país.
Violación a normas de seguridad minera
El hecho también pone en evidencia posibles faltas graves a la normativa minera vigente. Según el Decreto Supremo N.º 024-2016-EM, todas las Unidades Económicas Administrativas (UEA) con más de 20 trabajadores deben contar con un Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional y supervisores calificados. Antamina asegura contar con certificación OHSAS 18001, pero el accidente revela aparentes deficiencias estructurales en la implementación de medidas preventivas y en la supervisión de riesgos diarios.
Asimismo, la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exige al empleador identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar controles efectivos. El trágico suceso sugiere que tales procesos no fueron adecuadamente ejecutados.
Responsabilidad directa de Antamina
El propio Código de Conducta de Antamina establece que tanto trabajadores como contratistas deben cumplir estrictamente los lineamientos de salud y seguridad, así como reportar cualquier condición de riesgo. Sin embargo, tras el accidente, no se observó una respuesta inmediata ni efectiva para salvaguardar la integridad del personal.
Por su parte, el OSINERGMIN anunció solo después del accidente que iniciaría una supervisión de las operaciones de la empresa y en caso de comprobar incumplimientos a la normativa de seguridad minera, iniciará los procesos de sanción correspondientes. Ante esta tragedia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) había informado también el inicio de una investigación del accidente.
En tanto, la Fiscalía Penal y la Comisaría de San Marcos no han dado señales claras de profundizar las investigaciones, pese a tratarse de un presunto homicidio culposo, situación que genera preocupación entre trabajadores y autoridades locales.
