Para asumir el cargo de gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos, tenía que pagar una reparación civil al Estado de 1 millón de soles. Realizó diversas actividades para recolectar el dinero, pero no pudo pagar hasta que aparecieron nueve solidarios donantes que, a decir de Ríos, “no pidieron nada a cambio de sus aportes”.
El Ministerio Público y otras instituciones pusieron el ojo en las irregulares actividades y la desinteresada donación. Así, el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, fiscal a cargo del caso, solicitó a los nueve aportantes presentar la documentación contable para probar que el dinero que regalaron era suyo. Sin embargo, esos mismos empresarios que aducían transparencia no cumplen hasta ahora con presentar los documentos que prueben la procedencia del dinero.
Tras casi 11 meses de investigación, la fiscalía formalizó una investigación preparatoria a Waldo Ríos, los nueve aportantes y dos presuntos cómplices por los supuestos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico. El caso es considerado complejo, por lo que tiene como plazo de investigación inicial ocho meses.
Para el fiscal Añanca, el que ninguno de los aportantes cumpla con demostrar que el dinero que donaron era de su propiedad es una muestra de que buscan retrasar el proceso. “Los nueve se negaron a entregar la información; eso es un acto obstruccionista. Como fiscalía, tengo que recurrir a otra vía y hacer la incautación de los datos”, precisó el magistrado.
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