Mediante el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 30468-2021-CG/GRAN-AC, la Contraloría General identificó un perjuicio económico por S/ 730 001.33 en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Bolognesi debido al pago de incentivos laborales adicionales al personal administrativo de la sede durante el 2018 y 2020, con recursos destinados al pago de docentes.
Los hechos se detallan a continuación:
1.- Entre el 2018 y el 2020, funcionarios y servidores de la Ugel Bolognesi, pagaron planillas adicionales de incentivo laboral a favor de los trabajadores administrativos de la sede, empleando una escala que no se encontraba vigente y sin sustento técnico, ni legal; para ello, afectaron recursos destinados al pago de remuneraciones del personal docente, administrativo nombrado y contratado, así como, asignaciones y bonificaciones del magisterio, aguinaldos y aportes al fondo de pensiones por el monto de S/560 960,00.
2.- Asimismo, pagaron planillas adicionales de incentivo laboral de enero 2018 y 2019, afectando los recursos de los descuentos de las planillas de remuneraciones del personal activo correspondiente a los meses de enero y diciembre de 2018; generando perjuicio económico de S/169 041,33.
3. En noviembre de 2019, funcionarios y servidores de la Entidad pagaron planillas por deuda social, utilizando los recursos aprobados y originalmente previstos para el pago de las planillas de remuneraciones y asignaciones temporales por tipo y ubicación de la institución educativa en el marco del Decreto Supremo N ° 323-2019- EF; afectando los recursos para el pago del personal contratado del magisterio y del personal administrativo nombrado por el monto de S/203 500,87.
4. Funcionarios y servidores de la Entidad, utilizaron saldos presupuestales del periodo 2019 y priorizaron el pago de devengados por sentencia judicial a favor del personal administrativo de la sede, sin cumplir con el procedimiento para pagos de sentencias judiciales, ni considerar el orden de prelación, afectando al Estado al no permitir que se reviertan los recursos al Tesoro Público por S/1 203 644,03
Cabe precisar que para financiar el pago de deudas por sentencia judicial se utilizaron los saldos presupuestarios de recursos ordinarios, a pesar de su prohibición establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Diecinueve funcionarios y/o servidores públicos tendrían presunta responsabilidad administrativa, sobre 11 de ellos también recaería presunta responsabilidad penal, por ello el informe fue comunicado al Procurador Público de la Contraloría General, para que inicie las acciones legales. Asimismo, al director de la entidad para las acciones administrativas que correspondan.
Ver Informe completo:
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/02/2022CPOL42500025_ADJUNTO.pdf
