La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú abrió una investigación contra un alférez y nueve suboficiales por presuntas faltas graves cometidas durante la detención de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, el pasado mes de diciembre del 2023 en la ciudad de Casma, a quien se le atribuye ser el presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de 13 trabajadores de seguridad en un socavón de Pataz, La Libertad.
Según un reportaje del diario La República, que accedió a la disposición interna, los agentes implicados todos del grupo Terna, asignados como apoyo a la Comisaría de Casma habrían incurrido en graves irregularidades durante el operativo realizado el 16 de diciembre de 2023 en el asentamiento humano Luis Prado, en Casma, Áncash.
Ese día, Rodríguez Díaz, natural de Huancamuña en Casma, fue intervenido cuando se desplazaba en una caravana de tres camionetas hacia un Hostal de dicha localidad.
En la unidad que conducía, una Hilux, la policía halló un revólver calibre 38 y cinco municiones no percutadas bajo el asiento del copiloto. Junto a él viajaba una adolescente de 16 años, quien declaró haber encontrado el arma en la calle. También se incautó una granada de guerra y cinco celulares.
Sin embargo, cuando las evidencias llegaron a manos del Ministerio Público, el revólver presentaba daños: le faltaba la aguja del percutor, lo que lo hacía inoperativo. Esta manipulación no justificada fue clave para que, menos de 48 horas después, el fiscal Edwin Ramos Herrera ordenara la liberación de Rodríguez Díaz por falta de elementos de convicción.
Los agentes policiales investigados son el alférez Cosme Sotomayor Sánchez y los suboficiales Pablo Braco Reyes, Ernesto Quijano Rosales, Víctor Aquino Rosales, Diego Vega Sernaqué, Frank Manrique Romero, Elden Rodríguez Medina, Edson Rodríguez Vergara, Roger Quijano Bedón y Luis Ramírez Lloclla.
Fuentes policiales indicaron que la Inspectoría ha iniciado un proceso disciplinario por sospechas de que las irregularidades se cometieron de forma intencional, posiblemente para favorecer a “Cuchillo”.
Entre las inconsistencias también figura la diferencia entre el número de celulares presentados por la policía (cinco) y los que recibió la Fiscalía (cuatro), así como el retraso de casi tres horas en el registro vehicular tras la intervención.
Cabe señalar que el caso fue mencionado por la presidenta Dina Boluarte el pasado 5 de mayo, un día después de que se hallaran los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados en el socavón. La mandataria responsabilizó a la Fiscalía por la liberación de Rodríguez Díaz; sin embargo, documentos revelados por La República muestran que la responsabilidad recae en los propios agentes policiales que actuaron durante la intervención.
