Una nueva investigación acecha a Darwin Espinoza. El congresista de Acción Popular (AP) por Áncash está bajo indagación fiscal tras ser acusado él y su esposa, Bélgica Arangoitia, de cobrar S/3,000 por cada funcionario que colocaron en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), que pertenece al Ministerio de Vivienda. La denuncia fue formulada por el secretario general del sindicato de esta entidad, Julio Carrillo Peña, el 23 de febrero pasado, en un documento enviado al primer ministro Aníbal Torres.
La Presidencia del Consejo de Ministros envió el informe del sindicalista a los ministerios de Interior y Vivienda para su evaluación. El caso fue derivado, finalmente, al fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, que decidió iniciar sus pesquisas el 14 de marzo. Espinoza es investigado también por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por presuntamente favorecer a empresas chinas en licitaciones, según declaró la lobista Karelim López. La gestora de intereses identificó a este y a otros cinco congresistas de AP como ‘Los Niños’, un grupo de parlamentarios que obedece las órdenes del presidente Pedro Castillo.
EL FACTOR CHIMBOTE
El secretario general del sindicato de Sencico, Julio Carillo Peña, menciona en su denuncia que Espinoza y su cónyuge recomendaron a cuatro personas en la entidad para “copar puestos estratégicos al sector Construcción y organismos adscritos al Ministerio de Vivienda”. Para más señas, el legislador acciopopulista es presidente de la comisión de Vivienda del Congreso.
Según la denuncia del sindicato, entre noviembre del año pasado y enero del 2022, el congresista colocó a Ángel Quezada Tomás como gerente general de Sencico. También a Carlos Yactayo Aramburú, como jefe de Administración y Finanzas; y a Gilmer Ávila Calderón, como jefe de Abastecimiento.
Da la casualidad de que, según sus datos consignados en el Reniec, Quezada y Ávila son de Nuevo Chimbote, la ciudad natal del parlamentario de Acción Popular. Por su parte, Yactayo desarrolló su vida profesional en Áncash: en una empresa privada y en el gobierno regional.
En diálogo con Sudaca, Darwin Espinoza dice no conocer a sus paisanos. “No conozco a ninguna de esas personas. Chimbotanos hay un montón”, comenta. Pero resulta que Ángel Quezada Tomás visitó el despacho de Espinoza el 27 de octubre del año pasado, según el registro de visitas del Congreso. Más de un mes después, el 30 de noviembre, Quezada -exmilitante del Partido Popular Cristiano- fue nombrado gerente general de Sencico.
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En octubre del año pasado fue nombrado, como presidente ejecutivo de la institución, el chimbotano Juan Bustamante Encinas, quien, antes de asumir el cargo, fue gerente general de la empresa distribuidora de agua potable SedaChimbote. Su predecesor en esa compañía fue Yuri Pérez Reyes, hoy asesor principal del legislador Darwin Espinoza. Pérez no dudó en elogiar el nombramiento de Bustamante. “Considero que la designación de Juan Bustamante es lo más acertado para la empresa [SedaChimbote]”, declaró Yuri Pérez a la prensa chimbotana en el 2018, dejando clara la afinidad.
“Yo he conocido recién a un señor Juan Bustamente, que trabaja en SedaChimbote”, dice Espinoza sin dar más detalles.
En noviembre pasado, con Bustamante al mando de Sencico, entró como asesora legal Zaira Vásquez Vargas, la cuarta recomendada según el sindicato. Ella duró apenas dos meses en el puesto. Al dejar el cargo, la abogada no dejó títere con cabeza. Así lo señala la denuncia redactada por el secretario general Julio Carrillo.
Vásquez denunció ante el Órgano de Control Institucional de Vivienda, de acuerdo al documento, que Darwin Espinoza y su esposa Bélgica Arangoitia cobraban cupos por colocar funcionarios.
“[Zaira Vásquez] adjunta conversaciones de chats de la aplicación de mensajería WhatsApp, donde menciona que ‘para cada plaza de funcionario se hace la entrega de S/3,000 a favor de la esposa del congresista y que él mismo [Espinoza] pide al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento [que] sean puestos en los cargos’”, dice la denuncia de Julio Carrillo Peña, del sindicato.
Al ser consultada por Sudaca sobre esta grave denuncia, la abogada y exanalista del Ministerio del Interior en el gobierno de Martín Vizcarra, Zaira Vásquez, prefirió no pronunciarse: “No tengo nada de qué hablar. Muchas gracias”.
Julio Carrillo Peña, el secretario general del sindicato, tampoco quiso dar declaraciones. Sostiene que está en riesgo su integridad física. “Yo vengo siendo reglado. Y utilizo chaleco [antibalas] como protección”, dice Carrillo, exmilitante aprista.
Por su parte, el congresista Espinoza rechaza las imputaciones contra él y su esposa Bélgica Arangoitia, militante de Acción Popular. “Falta que acusen a mi papá, que falleció hace 18 años. Quizás lo involucren a él también. Ya esto cansa. Están tratando de mancillarme. Si hay una denuncia, yo me voy a allanar. No tengo absolutamente nada que ver”, dice.(nota de www.sudaca.pe)
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