La Municipalidad Provincial del Santa no controla la programación y ejecución presupuestal correspondiente a la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad (Omaped), ocasionando que no exista una adecuada conducción de su proceso presupuestario.
Así lo hizo saber el Órgano de Control Institucional de la comuna chimbotana a través del informe de Orientación de Oficio N° 031-2019.
Según el documento, los gastos por servicios prestados en la Omaped se cargan a la gerencia de Desarrollo Social y Humano cuando deben ser cargados al área usuaria.
Asimismo, el informe reporta que Omaped tiene programada una serie de actividades para el 2019 por un monto de 36 mil 54 soles, lo que demuestra que dicha oficina proyecta sus gastos; sin embargo, la gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Santa desconoce cuánto es el monto asignado según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Entidad, que según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2019 debe ser el 0.5 % de su presupuesto institucional.
Asimismo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto desconoce también el gasto del presupuesto, hecho que no garantiza la ejecución efectiva y eficiente de los gastos operativos, planes, programas y servicios necesarios e indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, con lo cual, según la Contraloría, se demuestra la falta de mecanismos de control en el proceso de la programación presupuestal.
De acuerdo a le ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, publicada el 6 de diciembre de 2018, los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a utilizar el 0.5 % de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presentan algún tipo de discapacidad.
Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar el 0.5 % de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad y las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad. (RSD)
