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jueves, julio 25, 2024
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Chimbote: Coordinadora provincial contra la violencia contra la mujer proponen actividades

Con la finalidad de realizar acciones de prevención, y mejorar la aplicación de la Ley Nº 30364, la Corte Superior de Justicia del Santa instaló el 8 de setiembre de 2015, la Coordinadora Provincial Interinstitucional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del entorno familiar.

La coordinadora a la fecha es integrada por el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Unidad de Gestión Educativa Local Santa, Centros de Salud, Instituto de Medicina Legal, Municipalidad Provincial del Santa y Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Juntas vecinales, entre otros.

Desde su instalación, la Coordinadora realizó un arduo trabajo de sensibilización a través de charlas que fueron dictadas por los propios jueces, fiscales y defensores públicos.

Los logros son destacables: Activa participación de los representantes de las instituciones en las reuniones de coordinación así como en las actividades de difusión y capacitación, simplificación administrativa interinstitucional, como en el caso del Instituto de medicina Legal en cuanto a la remisión de exámenes médicos y psicológicos que ahora se realizan vía correo electrónico, difusión de los alcances de la Ley Nº 30364, entre otros.

Actividades propuestas para el año 2017

El actual titular de esta sede judicial, Dr. Carlos Salazar Hidrogo durante sus primeros días de gestión ha anunciado la continuación de la Coordinadora provincial. «Es preocupación de mi gestión la atención de estos casos», ha señalado. En ese sentido, Salazar Hidrogo ha sostenido varias reuniones con los jueces de Familia.

Las actividades programadas para este año, contempla continuar con la sensibilización a los jueces penales, gestionar ante las autoridades pertinentes, la construcción de un pabellón en el Hogar San Pedrito, programar campañas de sensibilización dirigidos a fiscales, policías, jueces y alcaldes escolares.

Así también se ha acordado gestionar la creación de casas de refugio para personas con problemas psiquiátricos y drogas y coordinar con las entidades del sector salud a fin que mejoren sus protocolos de atención respecto a las personas con los problemas antes mencionados.

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