La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash formalizó una acusación penal contra el alcalde de la provincia del Santa, Felipe Juan Mantilla Gonzales, y solicitó 9 años de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de reparación civil, por el delito de peculado doloso agravado.
Según la tesis fiscal, en el año 2017, cuando Mantilla se desempeñaba como Gerente Regional de Administración del Gobierno Regional de Áncash (GRA), funcionarios del GRA y de la Subregión Pacífico tramitaron el pago irregular de S/ 2.1 millones por la liquidación de una obra que nunca fue ejecutada: el mejoramiento de pistas y veredas de la avenida Los Pescadores, en Chimbote.
El Ministerio Público sostiene que el desembolso se realizó tergiversando un laudo arbitral firme, el cual establecía que solo correspondía pagar S/ 627 mil soles por la elaboración del expediente técnico.
Esta maniobra habría generado un perjuicio económico de aproximadamente S/ 1.4 millones al Gobierno Regional de Áncash. El dinero fue entregado al Consorcio Los Pescadores, integrado por:
Afena Contratistas Generales E.I.R.L.; J&E Ingenieros Consultores y Contratistas Generales S.R.L.; Luis Omar Sánchez Arteaga, socio del consorcio. Todos ellos estuvieron representados legalmente por su apoderado común, Juan Carlos Aguilar Alva.
La Fiscalía afirma que el pago ilegal no fue un hecho aislado, sino el resultado de una concertación entre varios funcionarios, lo que configura la agravante de pluralidad de agentes y sustenta el pedido de pena efectiva contra el hoy alcalde.
En la investigación también estuvo comprendido el exalcalde y exgobernador Luis Gamarra Alor, quien encabezó la fórmula municipal ganadora en 2022. Sin embargo, el proceso en su contra fue archivado por fallecimiento, continuando la acción penal contra sus exfuncionarios, entre ellos Felipe Mantilla.
El 19 de marzo de 2026, el Poder Judicial evaluará si el alcalde va a juicio oral. De prosperar la acusación, una eventual condena en primera instancia podría significar la suspensión inmediata del cargo, generando una nueva crisis política en la Provincia del Santa.
Un pago ilegal del pasado que hoy pone en jaque la alcaldía de Chimbote.
