La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó investigación preparatoria contra los miembros del Comité de Adjudicaciones y dos funcionarios más del Proyecto Especial Chinecas por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, al haberse detectado la presentación de documentos falsificados durante la adjudicación de un trabajo de consultoría en el año 2010.
Dentro de este grupo de exfuncionarios denunciados figura Ismael Víctor García Rivero (entonces gerente de obras de CHINECAS), esposo de la Fiscal Superior Decana, Nancy Moreno Rivera y según la imputación del Ministerio Público, los hechos están relacionados con la convocatoria del servicio de consultoría para la supervisión de la obra “Trabajos de mantenimiento del Canal Carlos Leight” por un monto de S/.123,800.00, la misma que se llevó a cabo el 16 de agosto del 2010, siendo adjudicada diez días después, el 26 de agosto del mismo año, al consorcio MAFER I.
Sin embargo, este contrato entre el proyecto Especial Chinecas y el consorcio MAFER I estuvo plagado de irregularidades, pues se ha podido establecer en las investigaciones preliminares que tanto la firma como el sello del notario Gustavo Magán Mareovich, quien supuestamente certifica dicho documento, correspondían a una burda falsificación.
Según el diario de chimbote, el ingeniero Víctor Idelfonso Sánchez Paredes, cuyo nombre aparece como representante del consorcio MAFER I, ha declarado que no solamente le han falsificado su firma; también asevera que jamás ha tenido relación alguna con el referido consorcio; aun cuando para la Fiscalía este solo es un argumento de defensa, pues hay otros hechos que lo involucran con esta buena pro, plagada de irregularidades.
Otros investigados son los ex integrantes del comité de adjudicaciones, Daud Miki Chávez Miranda, Edwin Zúñiga Pereda, César Ucañán Ibáñez y el exgerente del proyecto, Arnulfo Moreno Corales.
Dentro de este proceso de investigación, el Procurador Richard Asmat Urcia dijo ayer que ha solicitado que el Ministerio Público establezca la imputación necesaria y concreta respecto a los investigados a fin de no generar una investigación insubsistente que perjudique al Estado, en una posible etapa intermedia.
