Alberto Carlos Ibáñez Roldán (53) el trabajador de la Municipalidad Provincial del Santa intervenido por la Policía por solicitar una presunta coima, fue enviado al penal de Cambio Puente por cuatro meses, por el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien declaró fundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público. El servidor será investigado por el delito de cohecho pasivo impropio.
El asesor legal de la subgerencia Inmobiliaria de la MPS, fue intervenido por la Policía la noche del pasado jueves, luego que fuera denunciado por una mujer, de haberle pedido una dádiva de 120 soles, con el fin de que la ayude con el trámite de formalización de un terreno ubicado en el asentamiento humano Don Víctor, del distrito de Nuevo Chimbote.
Según la Fiscalía, la mujer aseguró que el 19 de marzo, cuando fue a indagar sobre el procedimiento a la comuna provincial se entrevistó con Ibáñez Roldán, quien le manifestó que “en el municipio no tenían tiempo para trabajar el expediente” y que tendría que llevarlo a su casa para estudiarlo bien. “Ya sabes como es eso”, le habría señalado.
La denunciante comunicó el hecho a la Fiscalía Anticorrupción, que inició el seguimiento del caso, hasta que el jueves 15 de abril, el funcionario se encontró con la denunciante en una tienda cercana al municipio provincial. Allí le mostró el expediente del terreno e indicó que le había demandado mucho trabajo elaborar el informe legal. Ambos acordaron el pago de 120 soles por el ‘trabajo’ y que la entrega se haría la siguiente semana.
Toda la conversación que ambos sostuvieron fue grabada y entregada al fiscal, quien esa misma noche junto a efectivos policiales, intervino a Ibáñez Roldán por inmediaciones de la plaza de armas de Chimbote.
Tras la audiencia de prisión preventiva, el juez Jhon Pillaca declaró fundado el pedido fiscal y ordenó el internamiento en el penal de Cambio Puente de Alberto Ibáñez Roldán.
En caso de ser hallado culpable, el funcionario recibiría una pena no menor de cinco ni menor de ocho años de cárcel.
