La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) enfrenta serias acusaciones de incumplimiento al no pagar derechos laborales a una ex trabajadora de su oficina local en Chimbote, pese a un fallo judicial favorable emitido por el Quinto Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Santa.
El caso, registrado bajo el expediente 278 – 2020, culminó con una resolución que declaró fundada la demanda civil de la afectada tras un largo proceso judicial. Sin embargo, Sunafil alega falta de fondos presupuestales para ejecutar el pago, contradiciendo su misión institucional de velar por los derechos de los trabajadores.
La ex trabajadora, quien laboró en la oficina local de Sunafil en Chimbote, demandó el pago de beneficios laborales adeudados. El Quinto Juzgado Laboral resolvió a su favor, ordenando el cumplimiento inmediato. Sunafil ha presentado múltiples escritos para retrasar el pago, ignorando requerimientos judiciales.
En su última respuesta al juzgado, la entidad adjuntó el Memorándum 145-2025, de fecha 31 de diciembre de 2025, donde afirma no contar con disponibilidad presupuestal para cubrir la sentencia. Esta situación genera cuestionamientos sobre la coherencia de Sunafil: si la entidad encargada de defender los derechos laborales de los trabajadores no cumple con una orden judicial en su contra, ¿quién protegerá ahora a esta ex empleada?.
Expertos en derecho laboral consultados señalan que este caso expone una contradicción flagrante con los objetivos de Sunafil, creada precisamente para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de normas laborales en el país. La dilación no solo afecta a la demandante, sino que socava la confianza en el sistema de fiscalización.
La ex trabajadora espera ejecución forzosa, mientras el juzgado evalúa medidas coercitivas.
