Cinco trabajadores de construcción civil, investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de un arma de fuego, fueron finalmente absueltos luego de más de un año de proceso judicial.
Uno de ellos, Héctor Enrique Rodríguez Solórzano, llegó a escuchar los lineamientos de la sentencia desde el penal de Cambio Puente donde permaneció recluido casi un año y medio, pese a que siempre alegó inocencia.
Según la defensa, los imputados denunciaron desde el inicio un presunto “sembrado” del arma y aseguraron que, antes del operativo, habían sido revisados en el ingreso al cementerio sin hallarse ningún objeto ilícito.
El abogado Ruddy Anderson Paz Gonzales, defensor de Daniel Isaías Teodoro de la Cruz, señaló que el acta policial presentaba incoherencias respecto a la participación de sus patrocinados.
Los hechos se remontan al 10 de junio de 2024, cuando fueron intervenidos por agentes del Grupo N.° 1 del Área de Investigación Criminal (AREINCRI).
Tres días después, el 13 de junio, fueron enviados a prisión preventiva por la supuesta “tenencia compartida” del arma. Sin embargo, el 19 de julio de 2024, la Sala Superior revocó la medida para cuatro de ellos, quedando solo Rodríguez Solórzano en condición de preso.
Finalmente, el 4 de diciembre de 2025, el juzgado penal colegiado de la Corte del Santa absolvió a los cinco procesados tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal.
LOS HECHOS
En la intervención policial realizada en las inmediaciones de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), en la cuadra 40 de la avenida Pardo, los agentes detuvieron a Daniel Alonso Cornelio Villacorta (24), Héctor Enrique Rodríguez Solórzano (29), Enzo Raúl Piundo Casahuamán (22), Hitler Alexander Moreno Maza (31) y Daniel Isaías Teodoro de la Cruz (45).
Según el informe policial, durante el operativo se incautó un arma de fuego marca Bersa S.A. Thunder 380 con una cacerina abastecida con cuatro municiones sin percutir, además de otras seis municiones adicionales y un equipo telefónico.
No obstante, las inconsistencias detectadas en el acta y la ausencia de pruebas concluyentes condujeron a la absolución definitiva.
La sentencia marca el cierre de un extenso proceso que mantuvo a los trabajadores bajo investigación por más de un año y que dejó en evidencia la importancia de un debido procedimiento en las intervenciones policiales.
