La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó éste jueves 4 de julio la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Esta decisión se tomó ignorando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Legislativo que retroceda sobre este proyecto, puesto que afecta directamente casos emblemáticos del conflicto armado interno ocurrido en Perú entre las décadas de 1980 y 2000, como Barrios Altos y La Cantuta.
Con 15 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento dio luz verde a la denominada Ley de Amnistía que exime de responsabilidad penal a individuos sentenciados o investigados por crímenes considerados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía de la Nación.
La bancada de Fuerza Popular mostró un apoyo unánime al proyecto con los votos de los congresistas Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano. Estos votos fueron fundamentales para la aprobación de la iniciativa.
Además de los votos del fujimorismo, se sumaron los de Patricia Chirinos de Avanza País; Diego Bazán, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP); María Acuña, Wilson Soto de Acción Popular (AP); José Luna de Podemos Perú; Jorge Montoya y José Cueto, de Honor y Democracia; y José Jerí de Somos Perú.
La Corte IDH concluyó que la aprobación del proyecto de ley podría obstruir el derecho a la justicia de las víctimas, y señaló que la prohibición de la prescripción en casos de violaciones masivas o sistemáticas a derechos humanos es una norma imperativa de derecho internacional. La resolución de la Corte destacó la obligación de Perú de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos.
El proyecto de ley No. 6951/2023-CR declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Asimismo, la Corte advirtió sobre la falta de garantías de un control judicial interno, ya que la redacción del proyecto amenaza con responsabilizar a autoridades jurisdiccionales que no aplicaran la ley inmediatamente, lo que podría coartar la independencia judicial. Recordó también la obligatoriedad de sus decisiones para todas las autoridades estatales, incluyendo el Poder Legislativo, enfatizando la necesidad de un control de convencionalidad para asegurar que el derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
