El Pleno del Congreso aprobó hoy por mayoría el proyecto de ley que sanciona a las empresas por delitos de corrupción, que contempla el cierre de establecimientos y multas de hasta 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La iniciativa dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento fue aprobada por 73 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.
Conforme al dictamen, entre las sanciones dispuestas para las empresas, figuras que multas que ascienden hasta las 1,700 UIT(seis millones 716, 700 soles)
También contempla la inhabilitación por cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor de dos años, suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años, cancelación de licencias, clausura de sus locales y disolución de la empresa.
La iniciativa incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Código Penal; pero excluye a los delitos de peculado, colusión, tráfico de influencias.
De acuerdo con la mencionada norma, también existirá responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren y actúen por orden o autorización.
Es una gran paso del Perú hacia la OCDE
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, calificó la aprobación del proyecto de ley como un «paso importante» para el Perú con miras a pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformada por 35 países más influyentes del mundo.
«Nos va a permitir ser miembros plenos del Comité Anticorrupción de la OCDE que es la puerta de entrada a lo que más adelante será nuestra participación en ese bloque», precisó a la Agencia Andina.
Del mismo modo, indicó que la medida absuelve uno de los puntos pendientes en materia de lucha anticorrupción que los otros miembros de la Alianza de Pacífico ya tienen en sus respectivas legislaciones.
Por cuanto, destacó, que incluir la nueva ley dentro del marco normativo peruano será un punto importante para advertir a las empresas que con «conocimiento y premeditación» formen parte de una articulación que busque generar un beneficio indebido a través de pago de coimas.
«Entonces con esto nos estamos encaminando a estándares internacionales de compromiso contra la corrupción y con la OCDE, nos califica y nos mejora como destino de inversiones y mejora nuestra calificación internacional (…)», acotó. (Andina)
