Pleno del Congreso aprobó que privados obtengan la autorización para adquirir la vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta misma medida aplicará para los Gobiernos regionales del Perú. Sin embargo, hasta la fecha, las grandes farmacéuticas solo negocian con los Estados del mundo, ya que son escasas.
“Las empresas privadas que logren adquirir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 bajo la autorización señalada (…) tendrán la prioridad de inmunizar a su personal dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud”, señala la ley aprobada.
Con 97 votos a favor, el pleno admitió, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 5956. Además, exoneró de segunda votación la iniciativa que propone permitir que el sector privado adquiera las dosis contra la COVID-19.
A inicios de marzo, cuando el tema era debatido por la sociedad civil, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, había señalado que, en caso de que una empresa que negocie con sector privado, el Gobierno no tendría por qué impedirlo, puesto que la Ley n.° 31091 lo permite. No obstante, aclaró que este hecho no debería romper el cronograma del Ministerio de Salud (Minsa) en el que se prioriza a la población vulnerable.
En aquellos días, el presidente Francisco Sagasti se pronunció para señalar el problema de la inequidad que generaría el hecho de que la inmunización pase a manos de privados, ya que el Gobierno establecía que es universal y gratuita. “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos”, acotó entonces.
Además, actualmente las grandes farmacéuticas que producen las vacunas contra el SARS-CoV-2 solo negocian con los los Estados debido a la escasez de este bien. Y, aparte de ello, los países se hacen responsables de los efectos adversos que puedan provocar el fármaco cuya producción y uso se realizan en un contexto de emergencia.
