Mientras los hospitales del país sufren por la falta de médicos, equipos e infraestructura, el Congreso de la República destinó más de S/ 9.5 millones para costear un seguro médico privado de alta cobertura para los parlamentarios y sus familias.
El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, cuestionó el beneficio: “¿Es correcto tener una contratación de esa cantidad con un sistema de salud colapsado o en crisis?”.
El contrato, adjudicado directamente a Rímac Seguros sin concurso público, estará vigente entre el 1 de marzo de 2025 y el 26 de julio de 2026. Permite a los legisladores y sus dependientes atenderse en clínicas privadas como San Felipe, Angloamericana y Delgado Auna, además de obtener segundas opiniones médicas en el extranjero con coberturas de hasta 35 mil dólares.
Cada congresista dispone de una prima mensual de S/ 2 500, lo que eleva el gasto promedio a más de S/ 30 mil por persona al año, cifra que contrasta con la dura realidad de millones de peruanos que esperan semanas para una cita en el sistema público o deben endeudarse para atenderse en una clínica.
La cobertura incluye hospitalización en clínicas exclusivas, atenciones de emergencia al 100%, resonancias, monografías, tratamientos en los mejores centros médicos y la posibilidad de asegurar incluso a más de cinco dependientes.
En comparación con el año anterior, el gasto se incrementó en más de S/ 2.5 millones, pasando de S/ 7 millones en 2024 a S/ 9.5 millones en 2025.
Consultados por la prensa, algunos congresistas defendieron el beneficio. Pasión Dávila sostuvo que su esposa, hijos y madre están asegurados; María del Carmen Alva señaló que también figuran sus hijos, esposo y madre; mientras que Américo Gonza dijo haber accedido a consultas ambulatorias.
El contraste entre la crisis del sistema público y los privilegios de la representación nacional ha generado fuerte indignación ciudadana.
