La Contraloría General de la República supervisó el proceso de entrega decanastas de víveres en 254 municipios del país entre el 3 y 8 de abril.

Estos productos deben ser entregados a las familias vulnerables que no recibieron el bono de S/ 380, subsidio económico destinado por el Ejecutivo para las familias pobres y extremadamente pobres en el estado de emergencia.

El acompañamiento realizado por los auditores de la CGR permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles para que adopten las medidas correctivas inmediatas y necesarias.

Ello permitirá darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.

Los hallazgos están asociados principalmente a la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 85 municipalidades, que representan el 35% del total de entidades ediles supervisadas.

En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.

La supervisión de la Contraloría también permitió detectar que 22 municipalidades (9% del total) registraron deficiencias en la distribución de canastas, tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, entre otros.

También se detectaron que 14 municipalidades (6% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.

En menor medida, pero no menos importante, son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos y productos que no garantizan inocuidad y ausencia de funcionarios responsables al momento de la visita.

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Mientras que el 50% (125) de municipios se encontraban al momento de la visita de los auditores en la fase de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables beneficiarias.

Del total de municipalidades intervenidas, 48 corresponden a jurisdicciones provinciales, mientras que 206 son distritos de todas las regiones del Perú, las cuales fueron visitadas por más de 400 auditores que portaban sus respectivos equipos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

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La labor de control a la emergencia sanitaria por la COVID-19 consistió en el acompañamiento y supervisión de las autoridades para que dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan.

Durante la próxima semana y las siguientes, los equipos de auditores de la Contraloría continuarán supervisando las municipalidades en diversas ciudades del país.

La labor de los auditores también consistió en recordar a las autoridades ediles y funcionarios, a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas, el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CGR.

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De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias.

Asimismo, todos los recursos públicos asignados a los gobiernos locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.