El Contralor General, Nelson Shack, solicitó al Congreso de la República priorizar el debate y aprobación de tres importantes iniciativas legislativas presentadas por su institución, entre las cuales destaca el Dictamen de Ley que restituirá, en la práctica, la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios públicos por inconducta funcional.

El Contralor Shack sostuvo que “a la fecha, 341 funcionarios y servidores públicos quedaron libres de sanción, debido a que no existe un marco legal para continuar con los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) ni para que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) resuelva las apelaciones pendientes, situación que dejará una sensación de impunidad en la administración pública”.

En total, son 43 casos (que involucran a 341 funcionarios) que no recibirán sanción PAS porque han caducado. Los casos están relacionados a adquisiciones y contrataciones para hospitales, ejecución de obras de agua potable y saneamiento, construcción de carreteras y vías, entre otros temas relevantes para la población de catorce regiones del país. Los funcionarios y servidores públicos que quedaron libres de sanción pertenecen a Lima, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Lambayeque y San Martín.

Solo las apelaciones que se encontraban en el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA) y quedaron libres de sanción involucra a 77 funcionarios, algunos de los cuales ocasionaron un perjuicio económico mayor a los S/ 7.8 millones al Estado (al 8 de junio 2019).

Cuando termine el mes de junio, vencerá el plazo para que el TSRA se pronuncie sobre apelaciones presentadas por otros 33 funcionarios y ex funcionarios del gobierno central, regional y local de cinco regiones del país, algunos de los cuales estarían involucrados en casos que dejaron más de S/ 20 millones de pérdidas al Estado.

Por tanto “restituir la potestad sancionadora en el más breve plazo será evidencia de la lucha contra la corrupción y negligencia en la administración pública”, sentenció.

Los vacíos legales que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional, también ha ocasionado que más de 200 funcionarios y servidores públicos que tienen procedimientos administrativos soliciten que sus casos sean archivados o anulados.

Es importante precisar que al 31 de abril de 2019, existen más de 2,137 funcionarios y servidores públicos suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, los cuales deben cumplir su sanción, en tanto, el fallo del TC no es retroactivo y las sanciones vigentes deben cumplirse.