Un informe de la Contraloría General de la República ha alertado un perjuicio económico de un poco más de 1 millón 700 mil soles, en agravio del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, que se habría cometido en el otorgamiento de un incentivo a servidores públicos.
Si bien la transferencia de los recursos es un derecho que sí se encuentra debidamente reglamentado, la auditoría que ejecutó la Contraloría en abril de este año, indica que, en algunos casos los pagos se hicieron en mayor cantidad de lo que correspondía, o en su defecto a funcionarios que no estaban contemplados como beneficiarios del dinero.
La transferencia que hizo el Gobierno Regional de Áncash (GRA)para estos pagos llega a los 3 millones 775 mil de soles, de los cuales 1 millón 719 mil habrían sido mal empleados, “generando en exceso y aplicación diferente de los recursos públicos”, indica parte del documento de La Contraloría.
El informe de la identidad auditora identifica responsabilidad hasta en 8 funcionarios del nosocomio, entre ellos, incluso, uno que se desempeñó como jefe de la Oficina de Control Interno (OCI), despacho que se supone, está instalada en las instituciones públicas para advertir hechos irregulares y de poca transparencia.
El documento ha llegado la semana pasada al despacho del procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia.
Tras leer el informe, el abogado del Estado consideró que ya no hay nada más que investigar y anunció que en los próximos días interpondría la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra los funcionarios involucrados.
Dijo que preliminarmente, para la Procuraduría, se configuraría el delito de peculado, debido a que los funcionarios se habrían apoderado de recursos públicos, que en realidad, no les corresponden.
“El informe estable un grado de responsabilidad en un buen grupo de funcionarios, entre ellos directores del nosocomio, jefes de Administración, jefes de Planificación y Presupuesto, jefe de Personal, es un sin número de funcionarios que abarca del período de enero de 2015 a marzo de 2017, que han autorizado, han presupuestado y han asignado estos pagos por incentivos únicos”, explicó Asmat.
El letrado dijo que además del delito de peculado por apropiación de fondos públicos, también se podría configurar el ilícito de malversación de fondos.
“También podríamos hablar de malversación de fondos, todos estos elementos están siendo objeto de evaluación del personal de la Procuraduría Anticorrupción a efectos de poder presentar la denuncia penal con todo el informe de La Contraloría y sus anexos”, enfatizó. (DC)
