El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que las labores de supervisión realizadas por la Contraloría permitieron detectar que más de 1,100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables para ayudarlos a afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“A pesar que algunos de estos funcionarios ganan más de S/ 8,000 soles, han recibido sus canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena. Sin embargo, quiero hacerles notar que desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias”, enfatizó durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
Precisó que este hallazgo fue detectado gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.
Durante su intervención ante la comisión, el Contralor General presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el gobierno peruano.
Shack Yalta indicó que en lo que va de la emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, donde la Contraloría ha visitado un total de 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos por las autoridades ediles.
Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Shack Yalta propuso prohibir la contratación de empresas que no tengan el giro de negocio de lo solicitado en los términos de referencia de cualquier proceso de adquisición pública.
“Sería importante establecer una prohibición en la Ley de Contrataciones para que las empresas que participen en cualquier proceso se encuentren dedicadas a actividades del rubro solicitado en los términos de referencia o requerimientos, lo cual va a permitir contar con empresas con experiencia y responsables para cumplir con la finalidad solicitada, evitando contratar, por ejemplo, para un servicio de desinfección de oficinas a una empresa que vende alimentos y bebidas, por poner un ejemplo”, dijo.
