A partir del 22 de abril, los familiares de congresistas, ministros, gobernadores y alcaldes podrán contratar con el Estado, siempre que no lo hagan con las entidades donde laboran sus parientes. Esta medida, aprobada en la nueva Ley de Contrataciones del Estado, ha generado controversia por el riesgo de favorecer intereses políticos y personales.
La especialista Liz Díaz señala que la norma busca evitar que los familiares de autoridades sean excluidos del mercado laboral por su vínculo, pero la medida también despierta preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
Una investigación de Ojo Público reveló que, pese a restricciones previas, 38 familiares de 30 congresistas ya lograron contratos estatales por más de un millón de soles. Con esta flexibilización, el debate sobre el acceso equitativo a licitaciones públicas vuelve a estar en el centro de la discusión.
