La Presidenta Dina Boluarte se acogió al silencio en el interrogatorio a cargo de la Fiscalía de la Nación que tenía la finalidad de recoger sus declaraciones en el marco de la ampliación de la investigación que busca determinar su responsabilidad en la muerte de manifestantes en Andahuaylas, Arequipa, Junín, La Libertad, Ucayali, Cusco, Puno y Lima.

La diligencia se desarrolló en la sede del Ministerio Público en el centro de Lima a las nueve de la mañana. Hasta allí llegaron decenas de Policías para cercar el local y así garantizar la seguridad de la mandataria quien acudió en compañía de su abogado, el constitucionalista Joseph Campos.

El defensor presidencial aseguró a los medios de comunicación que la jefa de Estado había declarado ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su adjunto, Marco Huamán. Pero hubo un detalle; a la primera pregunta hecha por el Ministerio Público, Boluarte señaló que se remitiría a las declaraciones que dio en el interrogatorio de marzo. En la práctica, se acogió al silencio.

Sin embargo, la Fiscalía había citado a Dina Boluarte para que responda sobre los casos de muertes en las protestas contra su gobierno que se incorporaron a la investigación en su contra en julio y sobre los que no se le había preguntado en su primera declaración.

El abogado de los familiares de los muertos y heridos en las protestas, Juan José Quispe, dió estos detalles. Él estuvo presente en la diligencia en la que también participó la Procuraduría.

Una vez que la mandataria dijo que se acogería a las respuestas que dió en la diligencia, se acogió al derecho a guardar silencio. La Fiscalía dejó de preguntar y tanto el abogado como el procurador se vieron impedidos de formular sus interrogantes. Ellos pidieron que su pliego de preguntas conste en el acta de la diligencia y pese a que la Fiscalía podía hacer lo mismo, optó por no hacerlo.

Entre las 47 preguntas que dejaron en conjunto la Procuraduría y el abogado de las víctimas, están las relacionadas a esclarecer las acciones que tomó Dina Boluarte luego de tomar conocimiento de las primeras muertes y los temas tratados con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, en sus reuniones en Palacio de Gobierno.

Así, son diferentes preguntas la señora de manera conveniente y con una risa sarcástica no respondió”, detalló el abogado Quispe.

Para el jurista esto obstruye el normal desarrollo de las investigaciones y atenta contra el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas.

El abogado consideró que el equipo especial conformado por decisión de Patricia Benavides está actuando como debió hacerlo desde el principio a última hora debido a que hay Regiones como Junín, La Libertad y Ucayali están muertas. Criticó asimismo, la lentitud de las investigaciones.

Quispe advierte que las declaraciones de los investigados se podrían acomodar para que calcen con la documentación que presentó extemporáneamente el Comando Conjunto de las FFAA.

La Fiscalía está haciendo su mayor esfuerzo para que este caso quede impune, concluyó.