Los policías acusados de integrar un grupo de ejecución extrajudicial bautizado como el «Escuadrón de la muerte» denunciarán por difamación al ministro del Interior Carlos Basombrio, por haber expuesto públicamente sus nombres y adelantar opinión en un caso que es investigado por el Ministerio Público.

«El ministro del Interior, el día que tuvo su intervención en el Congreso de la República dio los nombres de mis patrocinados, de manera expresa los calificó como integrantes de un comando especial. Les atribuyó una conducta que ellos no han cometido y por otro lado puso en riesgo tanto a ellos como a sus familias. Recordemos que estas personas (los policías) son integrantes de un comando de inteligencia», dijo el abogado Juan José Santibañez.

La defensa de los policías reiteró que no existen pruebas que involucren a sus patrocinados con un comando de aniquilamiento. Además adelantó que pedirán un resarcimiento económico. «Lo que sucede es que estos hechos han generado daño emocional, social y psicológico tanto a mis patrocinados como a sus familias», indicó.

Las hermanas del comandante Raúl Prado Ravines, uno de los mencionados por Basombrío, defendieron la inocencia del oficial y afirmaron que reciben amenazas. «Nos llaman por teléfono. Mis padres tiene que ir a otro lugar porque nos llaman y nos dicen: con ustedes va a pagar Prado», dijo una de ellas.

Ángela Ramírez, esposa del suboficial Edgard Vilela, dijo que su esposo ya no vive en su casa por temor a las represalias que puedan tomar los familiares de los delincuentes abatidos, tras exponerse su identidad en los medios de comunicación. «Mi esposo no puede estar en mi casa, no puede ver a sus hijos porque teme por su vida. Lo único que ha hecho el ministro Carlos Basombrío es poner la cabeza de todos ellos en bandeja, ahora los delincuentes están tras ellos», dijo.

El caso. En agosto pasado autoridades del ministerio del Interior aseguraron que habían evidencias de la existencia de un escuadrón de la muerte y que sus presuntos integrantes habían ultimado de manera irregular a unos 20 delincuentes. Aunque inicialmente dijeron que había más de noventa efectivos involucrados, ese número luego se redujo a nueve presuntos implicados. (rpp)