El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
El Ministerio Público informó que Castillo Terrones ha sido incorporado a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los niños”.
A través de su cuenta de Twitter, la institución también refirió que el jefe de Estado “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.
Señaló que el mandatario fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos.
El 6 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar contra los congresistas Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.
La fiscalía indaga si ellos integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezada por el presidente Pedro Castillo.
Según la fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero se encargó de captar y negociar con empresarios y estuvo conformado por el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El otro grupo se encargó presuntamente de la ejecución del delito y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. Ellos se habrían encargado de materializar el favorecimiento a determinadas empresas.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, le abrió dos investigaciones al presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato en julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
