En las últimas semanas, la consejera regional por la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Karen Lázaro Luis, ha sido objeto de graves acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en el ámbito educativo y regional.
De acuerdo con denuncias difundidas por diversos medios, la consejera habría gestionado la designación de su pareja, Walter Sicchi, como administrador de la UGEL Carlos Fermín Fitzcarrald, y de Cristian Marchena como jefe del Área de Gestión Institucional (AGI). Ambos funcionarios, según las denuncias, estarían involucrados en supuestas irregularidades durante la administración del exalcalde Boris Tarazona Mayo, en la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald.
Vínculos con presuntos actos de corrupción en la gestión municipal
Sicchi y Marchena fueron altos funcionarios en la gestión de Tarazona Mayo, administración que enfrentó cuestionamientos por presuntos actos de corrupción y mal manejo de fondos públicos. Según las denuncias, estas mismas prácticas se estarían replicando en la UGEL Carlos Fermín Fitzcarrald, con el objetivo de financiar la campaña política de Mateo Julca Iska a la alcaldía provincial y de Boris Tarazona a la alcaldía distrital de Chancay.
Asimismo, se señala que Karen Lázaro habría favorecido la contratación de familiares en entidades públicas bajo la jurisdicción del Gobierno Regional de Áncash. Entre los casos denunciados se encuentran la designación de su prima en la Red de Salud Conchucos Sur y la de su hermano en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash.
Pedido de suspensión y vacancia por nepotismo
Ante estas denuncias, una ciudadana de Chimbote ha solicitado la suspensión y posterior vacancia de Karen Lázaro por el presunto delito de nepotismo, argumentando que ha utilizado su cargo para favorecer a su entorno cercano, vulnerando las normativas vigentes en la administración pública.
Presunto uso de recursos públicos en campañas políticas
Las acusaciones también incluyen la presunta utilización de fondos públicos de la UGEL para financiar campañas políticas. Según fuentes locales, en la gestión municipal anterior, Sicchi y Marchena habrían manejado aproximadamente tres millones de soles para financiar la campaña electoral de 2022 de Mateo Julca y Karen Lázaro. Ahora, desde la UGEL, se les acusa de repetir el mismo esquema para las elecciones venideras.
Inacción de la UGEL y autoridades regionales
Las denuncias apuntan además a la directora de la UGEL, Dorca Rondán, quien, según versiones locales, habría permitido estas irregularidades sin tomar medidas correctivas. Asimismo, se cuestiona la pasividad del Gobierno Regional de Áncash frente a estas acusaciones.
Las graves denuncias expuestas han generado indignación en la población y en diversos sectores educativos de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, que exigen una investigación inmediata por parte de la Contraloría General de la República y la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades. (NL)
