Entre enero y setiembre de 2019, la gestión del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ha contratado a 160 personas bajo la modalidad de locación de servicios sin cumplir con lo establecido en el Código Civil Peruano.
Así lo señala la Contraloría General de la República en un informe de orientación de oficio, en la que advierte que los locadores trabajan bajo subordinación, con un horario establecido y para labores permanentes lo que podría traer como consecuencia que dicho personal adquiera vínculo laboral con la Entidad causándole un perjuicio económico.
La entidad indica que el referido personal posiblemente esté laborando bajo un horario establecido y realizando en muchos casos labores permanentes por lo que, presumiblemente, se estaría trasgrediendo lo estipulado en el Código Civil para ésta modalidad de contrato.
Así también se puede evidenciar que 69 personas han iniciado a laborar al Gobierno Regional de Áncash (GRA) en enero de 2019; asimismo, 12 trabajadores iniciaron sus labores en el mes de febrero. Todo este personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios está a punto de cumplir el año de labores ininterrumpidas y probablemente puedan adquirir derechos laborales, hecho que generaría perjuicio pecuniario al ente regional.
En lo referido al horario establecido, el Gobierno Regional de Áncash ha fijado un horario de ingreso y salida aunque el personal locador no registra marcación de ingreso ni salida, dicho turno viene siendo cumplido por los trabajadores contratados como locatarios, suceso que podría contravenir a lo estipulado para tal modalidad.
Ahora, en lo concerniente a labores permanentes, al personal contratado bajo ésta modalidad se le han asignado funciones a desempeñar en las áreas correspondientes para el cual fueron contratados.
El informe concluye que esta situación adversa podría conllevar a que el GRA no solo afronte litigios judiciales, sino deba pagar todos los beneficios que correspondería a cada locador por cada demanda laboral perdida, trayendo como consecuencia perjuicio económico.
Recomienda, finalmente, enviar el informe al gobernador para que se adopten las medidas preventivas y correctivas que correspondan.
