La Contraloría General detectó irregularidades en la adquisición y entrega de 397 canastas navideñas, que se realizó en diciembre del año pasado por un valor total superior a los S/ 119 000, a favor de trabajadores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia. En dicha compra se utilizaron cotizaciones de proveedores que no se dedicaban a la venta de alimentos para fijar el precio referencial, y se consideraron como beneficiarios a personal que ya no laboraba en la institución.

En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2025-2-4603 se señala que la comuna realizó en noviembre del 2024 el requerimiento de canastas navideñas con una cantidad mayor a la consignada en el sustento documentario y sin el detalle en la presentación de los productos. A pesar de ello, realizaron las indagaciones de mercado para fijar el precio de referencia. Para ello utilizaron cotizaciones de empresas dedicadas a los rubros de construcción y venta de maquinaria, venta de útiles de escritorio e implementos de seguridad.

La buena pro se otorgó, en calidad de único postor, a una empresa que no registraba actividad en el sector público vinculada a la venta de productos para canastas navideñas. Recién acreditó dicha experiencia de forma posterior a la cotización hecha por la entidad y se advirtió diferencias entre los precios unitarios y variación en la presentación de algunos productos ofertados por la empresa ganadora. Pese a ello, el contrato se firmó el 19 de diciembre de 2024 sin observaciones, otorgando un plazo de cinco días para la entrega.

De otra parte, en el acta de entrega suscrita por servidores de la entidad y el proveedor, se advierte observaciones a los productos por incumplir las características solicitadas; sin embargo, no se precisó el detalle de esos bienes. Además, a pesar de que el área de almacén no habría recepcionado las mencionadas canastas, algunos trabajadores aseguraron haber recibido dicho beneficio el 23 de diciembre de 2024; no obstante, tuvieron que devolverlo para su posterior cambio.

Estos hechos originaron que la empresa recurra a un proceso de arbitraje mediante el cual exige a la entidad la nulidad del contrato e invalidez de la aplicación de penalidades por mora, el pago por el servicio ejecutado y los intereses legales generados, entre otras demandas.