En el distrito de San Marcos, provincia de Huari, el descaro no tiene límites. En un acto que desafía la lógica y pisotea la normativa de contratación pública, la Municipalidad Distrital ha entregado un contrato crucial para la adquisición e instalación de equipos de internet satelital para 29 colegios a una empresa cuyo rubro principal es la «construcción de edificios» y la «venta al por menor de artículos de ferretería«. Sí, ha leído usted bien. La educación y el futuro digital de nuestros estudiantes han sido puestos en manos de una ferretería con fachada de constructora.

El proceso de selección AS-SM-134-2025-MDSM/CS-1 es un monumento a la irregularidad. La empresa «ganadora», Grupo E&F Constructora Ingeniería SAC, una microempresa constituida a finales de 2021, no tiene una sola experiencia previa en telecomunicaciones con el Estado. Sus actividades económicas declaradas ante la SUNAT son la construcción, la venta de pinturas y productos de vidrio, y el transporte de carga. ¿Qué sabe esta empresa de conectar a niños a la red global? Absolutamente nada.

Pero el escándalo no termina ahí. Los documentos a los que esta columna ha tenido acceso revelan una presunta y burda manipulación del proceso, orquestada desde el propio Comité Especial, presidido por Miguel David Girón Chávez.

Un Comité a la Medida del Postor

El comité se tomó 42 días, un tiempo exorbitantemente largo, para absolver consultas. ¿La razón de tan sospechosa demora? Todo indica que fue para darle tiempo a Grupo E&F de obtener un permiso básico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como casa comercializadora. Curiosamente, el permiso fue emitido el 2 de junio y, como por arte de magia, el comité publicó las bases integradas al día siguiente, el 3 de junio.

Peor aún, a la fecha, la empresa no cuenta con el permiso del MTC para prestar servicios de internet , un requisito que, según las propias bases, debió haberla descalificado de plano.

La Estafa del Contrato de Experiencia

Para simular una experiencia que no posee, Grupo E&F presentó un contrato con la empresa Optical Net SAC por más de 3.2 millones de soles. Dicho documento es, a todas luces, fraudulento por donde se le mire:

• Lógica Inexistente: Es totalmente inverosímil que una empresa de Lima (Optical Net SAC) contrate a una pequeña constructora de Caraz, Áncash, sin experiencia previa, sin solvencia financiera y sin los permisos necesarios, para un proyecto tan complejo como el tendido de 800 km de fibra óptica en los distritos de la propia capital.
• Inexistencia de Operación Real: No existe registro de facturación entre ambas empresas que sustente la veracidad del contrato.
• Costos Irrisorios: El contrato presupuesta la instalación de 800 km de fibra óptica por apenas S/ 1,001.63 por kilómetro. Cualquiera en el sector sabe que el costo real supera los 15,000 dólares por kilómetro. La cifra es tan absurda que demuestra que la operación es económicamente ficticia.
• Firma Presuntamente Falsificada: Un análisis de la firma del supuesto supervisor de obra, Victor Hugo Gutiérrez Mendoza, revela una similitud de apenas el 17.43% con la registrada en RENIEC , un indicio contundente de una posible falsificación.
• Contrato sin Notarizar: Ninguna empresa seria firma un contrato millonario sin la seguridad jurídica que otorga una notarización. Su ausencia sugiere que el documento fue «fabricado» para el concurso.
• Errores Garrafales: El documento menciona a Huachipa y Huaycán como «distritos», cuando son centros poblados, un error que delata la improvisación con la que se fraguó el documento.

Una Bomba de Tiempo: 5 Años de Conectividad Pagados a una Empresa de Papel

Aquí es donde la irresponsabilidad se convierte en un grave perjuicio económico y social. El contrato compromete al municipio a adquirir las antenas junto con la conectividad garantizada por cinco (5) años. El peligro es inminente y doble.

Primero, Grupo E&F no posee autorización de Starlink para revender sus servicios. Esto significa que en cualquier momento, la transnacional puede detectar la reventa ilegal y, simplemente, cortar el servicio de raíz.

Segundo, y aún más grave, se está atando el futuro de 29 escuelas a una empresa que es poco más que un cascarón. Una microempresa sin experiencia, sin solvencia , que hasta hace poco no tenía ni un trabajador en planilla. ¿Qué garantiza que no desaparezca con el dinero una vez cobrado, dejando al municipio con un lote de antenas inservibles y a miles de escolares nuevamente en el olvido digital?

El comité, en una última jugada maliciosa, movió el requisito de la autorización de Starlink a la firma del contrato, impidiendo así que otros postores pudieran apelar sobre este punto crítico.

Estamos ante un caso de presunta colusión donde se comprometen fondos públicos por un lustro a cambio de una promesa vacía. Es imperativo que la Contraloría y el OSCE intervengan. No podemos permitir que la oportunidad de aprendizaje de miles de niños en San Marcos sea sacrificada en el altar de la corrupción. Esta adjudicación debe ser anulada antes de que el dinero público se evapore y se condene a nuestros niños a otros cinco años de desconexión. (Leonel Guzman T.)