Nuevos cuestionamientos vuelven a rodear al Gobierno Regional de Áncash. Esta vez, las críticas apuntan a que la esposa de Saúl García Blas, quien estaría ocupando el cargo de administradora en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huarmey.
El hecho ha generado polémica debido a que, según diversas denuncias ciudadanas, varios militantes y allegados al movimiento regional Agua habrían logrado acceder a importantes puestos dentro del Gobierno Regional de Áncash, pese a contar —según cuestionan— con perfiles mínimos o escasa experiencia para asumir funciones de alta responsabilidad.
Sin embargo, lo más delicado sería que dentro de la UGEL Huarmey se estaría preparando un concurso administrativo bajo el régimen 276, donde presuntamente personas cercanas al entorno político de Saúl García Blas estarían siendo impulsadas para postular, contando supuestamente con respaldo interno para lograr ingresar a trabajar.
Incluso, se habría difundido un supuesto chat entre Saúl García Blas y una persona allegada, donde presuntamente le recomendaría presentarse al proceso y le indicaría que podrían “ayudarla”, situación que ha despertado aún más sospechas sobre un posible direccionamiento del concurso.
De confirmarse estas acusaciones, estaríamos frente a un presunto uso político de las instituciones públicas y un atentado contra la meritocracia en el acceso al empleo estatal.
La ciudadanía se pregunta: ¿el Gobierno Regional de Áncash se ha convertido en una agencia de empleos para militantes y allegados políticos?
Frente a estos graves cuestionamientos, se exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y de los consejeros regionales, a fin de garantizar transparencia y evitar presuntos actos de favorecimiento dentro de las entidades públicas de la región. (MCV)
