El Segundo Despacho de Lavado de Activos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, solicitó al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash la imposición de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los investigados Miguel Ángel Huiza Paulino, exalcalde distrital de Yuracmarca (Huaylas); Juan Víctor Barreto Maguiña y Brayan Brisler Aro Paulino, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y banda criminal en agravio del Estado.

Según el requerimiento fiscal, el exalcalde Huiza Paulino habría liderado un esquema sistemático de lavado de activos durante y después de su gestión municipal (2019–2022), empleando empresas de fachada y personas de su entorno familiar y de confianza para ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de presuntos actos de corrupción. Entre las empresas vinculadas figuran Grupo Ecofort E.I.R.L., Grupo Ecorenova Perú E.I.R.L., Grupo Peel Perú E.I.R.L. y Grupo H.I.C. Perú E.I.R.L., las cuales habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas por más de seis millones de soles, pese a carecer de capacidad económica y técnica acreditada.

Las investigaciones han permitido identificar múltiples actos de conversión, transferencia y ocultamiento patrimonial, entre ellos la construcción de un inmueble de cinco pisos en el sector Nueva Florida de Huaraz, la adquisición de vehículos y maquinaria pesada, así como el incremento de capital de empresas constituidas por testaferros. Asimismo, se han determinado estrechos vínculos económicos, registrales y familiares entre los investigados, lo que evidencia un control indirecto sobre dichas personas jurídicas con el fin de dar apariencia de legalidad a los activos obtenidos ilícitamente.

El Ministerio Público en dos audiencias viene sustantado el pedido de prisión preventiva al existir graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados, una prognosis de pena superior a ocho años de privación de libertad y peligro procesal de fuga y obstaculización, considerando el poder económico y las conexiones sociales y políticas del principal investigado.

La medida coercitiva solicitada tiene como finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso penal y evitar la interferencia en la investigación, en un caso catalogado de gran complejidad por su naturaleza organizada y el presunto uso de recursos públicos mediante contrataciones municipales irregulares. El requerimiento fiscal se encuentra en trámite ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, instancia que evaluará la solicitud en audiencia pública.

Así mismo, cabe señalar que este jueves 9 de octubre se continuará con la audiencia programada.